El Cabildo de Tenerife firma un nuevo contrato para la gestión de los residuos de la Isla por casi 400 millones de euros

El Cabildo de Tenerife y la UTE FCC-Urbaser han materializado la firma del nuevo contrato de gestión de residuos de la Isla, que estará vigente hasta el año 2037, con posibilidad de prorrogarlo cuatro años más, y que tiene un presupuesto de adjudicación de 397.475.058 euros. La rúbrica de este documento formaliza el mayor contrato de la historia del Cabildo, según señala la Corporación este lunes.

“Este paso, que abre el camino de la ejecución del nuevo contrato a partir de este viernes día 1 de julio, se convierte en la lanzadera para que la Isla avance hacia un modelo más sostenible en la gestión de los residuos, que favorezca sobre todo la economía circular y atienda de manera rigurosa a todas las indicaciones de la Unión Europea”, explicó el presidente insular, Pedro Martín (PSOE).

“Es por ello que desde el Cabildo se trabaja en facilitar y abrir el camino a un nuevo modelo de gestión de los residuos en el que, además, queremos que el Complejo sea un lugar puntero en la creación de empleo. La legislación vigente sobre residuos debe aplicarse al detalle, y hacen falta medidas adicionales para sectores clave, debemos abrirnos, a la industria de los residuos”, señaló el presidente.

Pedro Martín recordó algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el actual mandato, como la retirada de las 8.004 toneladas de neumáticos fuera de uso que se acumulaban por todo el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), en Arico, que tuvo un coste de 2,1 millones de euros. “Hemos aprovechado durante la pandemia para invertir allí en dos de las instalaciones que estaban en peor estado que era la de los envases, que necesitaba una inversión importante, y la reconversión de la planta de bioestabilizado, que se hallaba casi en ruinas y que era una de las asignaturas que teníamos pendiente”, señaló el presidente.

El consejero insular de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, indicó que en este nuevo contrato “se prevén inversiones tanto en el Complejo Ambiental de Tenerife como en las diferentes plantas de transferencia para modernizar las instalaciones, siempre con la finalidad de mejorar los rendimientos y aumentar los porcentajes de recuperación” y prevé una inversión de casi 52 millones de euros a ejecutar en los primeros años de ejecución del contrato para la ampliación y mejora de las infraestructuras insulares de tratamiento de residuos, de la misma manera se exige al concesionario la recuperación de al menos el 42% de plásticos, acero 51%, aluminio 50%, brick 38%, vidrio 20%, papel y cartón 18% y RAEE 37% incluidos en el residuo doméstico“.

Por parte de la UTE, Carlos Pérez, director de Tratamiento de Urbaser, señaló que están enfocando este contrato “con mucha ilusión porque se alinea con las políticas de economía circular incentivando al concesionario a reducir la cantidad de residuos que mandamos al vertedero”.

Jorge Payet, director general de FCC Medio Ambiente, apuntó que este contrato para la empresa que representa es “un nuevo reto ante un marco importante y exigente que es el marco europeo y español y que cumpliremos atendiendo a todos los retos que nos marcan administrativamente y dar un servicio completamente sostenible para la Isla”.

Adjudicación desierta

Hace apenas diez días quedó desierta la adjudicación de la planta de residuos del Complejo Ambiental de Tenerife. En un principio iba a ser la UTE Arico Green Gass quien se hiciera cargo de los servicios, pero finalmente no cumplió con los requisitos técnicos ni económicos previstos por el Cabildo insular. La adjudicación pretendía tratar casi 130.000 toneladas de residuos anuales, pero según el informe del servicio técnico de Desarrollo Sostenible del Cabildo la documentación presentada por las tres empresas que forman la UTE “no acredita, respecto de ninguna de ellas, su condición de gestoras de residuos para llevar a cabo operaciones de valorización en una instalación, no cumpliéndose con el requisito de habilitación empresarial o profesional requerido para participar en la licitación”.