Ecologistas acusan a la presidenta del Cabildo de Tenerife de “engañar” con las cifras de depuración de aguas

Colectivos ecologistas de Tenerife han acusado al Cabildo y a su presidenta, Rosa Dávila, de pretender “engañar” a la opinión pública sobre las cifras de depuración, ya que gran parte de las aguas fecales terminan en el mar, en barrancos y en pozos negros sin llegar a las depuradoras, afirman en un comunicado.

En el último pleno del Cabildo, Rosa Dávila afirmó que en Tenerife se ha pasado en tres años de depurar el 52 % de las aguas residuales al 86 %, pero, de acuerdo con los ecologistas, “esta cifra se refiere a capacidad teórica de depuración, no a capacidad real”.

“La presidenta del Cabildo presenta como agua depurada lo que solo es capacidad instalada, buena parte de las aguas residuales ni siquiera llegan a las depuradoras. El problema no tendrá solución mientras el turismo y la población sigan creciendo sin límite”, argumentan.

Añaden que “esas cifras indican cuánta agua podrían tratar las depuradoras si les llegaran las aguas fecales, pero estas terminan en el mar, barrancos y pozos negros”.

Además, recuerdan que una parte de la población de Tenerife no tiene conexión a la red de alcantarillado y que “no hay separación de las aguas pluviales y cuando se produce un aguacero mínimamente fuerte, se desbordan las depuradoras”.

Señalan, además, que la administración no tiene un inventario real de cuánto se vierte al mar, hay vertidos no censados y, de los que están censados, “apenas hay datos recientes de caudal, solo meras estimaciones”.

Recuerdan los ecologistas que solo en septiembre se prohibió el baño en El Cabezo (Güímar) por contaminación fecal y se cerraron el mismo día El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona, mientras que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, estuvo cerrada casi un año y sigue sufriendo cierres temporales por vertidos, como también ha ocurrido recientemente en playas o zonas de baño de Candelaria, El Rosario y La Laguna.

“La directiva comunitaria que obliga a la depuración de las aguas antes de su vertido al mar es de 1991, lo que significa que llevan 35 años sin cumplir la directiva europea”, señalan los ecologistas, para quienes el Cabildo sigue fomentando un modelo de desarrollo que genera cada vez más aguas residuales.