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El Supremo ratifica la tercera multa de 11 millones a un exdirectivo de Playa de Las Teresitas S.A. por fraude fiscal

En este caso se sanciona al extesorero por no haberse pagado el impuesto de sociedades tras la venta de los terrenos en 1998 a ILT

Imagen de la playa de Las Teresitas y parte de los polémicos terrenos.

Imagen de la playa de Las Teresitas y parte de los polémicos terrenos.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la tercera multa por once millones de euros impuesta a los exdirectivos de Playa de Las Teresitas S.A. por fraude fiscal, al no haber pagado la entidad en 1998 el impuesto de sociedades. En ese momento la sociedad vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas (ILT) que años más tarde haría lo propio al Ayuntamiento.

En este caso se trata del extesorero, Clemente Martín Rodríguez, después de que durante los últimos años ocurriese lo mismo con el expresidente, Jerónimo Delgado y el exadministrador, Joan Bagué. Las sanciones suman más de 33 millones, una cantidad superior a los 18,5 millones que recibió la entidad e igual al total que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia pagaron por las parcelas del frente y la trasera de Las Teresitas.

La empresa llegó a poseer más de 59% de los solares y sus directivos eran los mismos que los de la Junta de Compensación. La entidad fue creada ante la imposibilidad de los juntas de vender solares, ya que su función es únicamente la de urbanizar los terrenos aportados por los propietarios.

La sucesión de sanciones por once millones se une a otras de menor cantidad pero por motivos parecidos. Lo cierto es que en 1998, los exdirectivos, en vez de declarar los ingresos como beneficios de la sociedad, optaron por instar a cada uno de los socios a que los reflejaran como incrementos del patrimonio.

Martín Rodríguez permanece en la actualidad como acusado por la pieza separada del caso Las Teresitas que precisamente investiga lo sucedido tras la primera compra de la playa. En la misma situación procesal se encuentra Delgado, el exsecretario Álvaro Fernaud y el abogado, Mauricio Hayek, al que se considera como el cerebro de esta trama.

Martín Rodríguez alegó durante este proceso judicial diversas irregularidades que no fueron tomadas en cuenta. Entre ellas la petición de que el procedimiento fiscal se detuviera hasta que se decida el desenlace de la causa penal en la que permanece como acusado y cuya vista oral está previsto que se celebre en octubre. Y es que Martín Rodríguez parece acusar al expresidente y Hayek de lo ocurrido. La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 23 años de cárcel y la devolución de alrededor de 2,5 millones para los cuatro exdirectivos.

Sin embargo, el Supremo indica ahora que "el desenlace de la causa penal resulta irrelevante, ya que la comisión de la irregularidad tributaria consiste en no presentar la declaración del impuesto de sociedades de 1998. Ante esta conducta todos los administradores se encontraban en la misma situación que no era otra que la contemplada en la Ley Tributaria de 1963".

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