El abogado de Parejo compara el caso con “un castillo de naipes que se derrumba”
Eduardo García Peña, el abogado del exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, dijo este viernes que toda la acusación de la Fiscalía en el caso Las Teresitas no se entiende sin cohecho, “y cohecho no hay ninguno”.
El caso Las Teresitas, en el que se juzga la compraventa por el Ayuntamiento de los terrenos de la playa en 2001 presuntamente por el triple de su valor, “es un suflé que se viene abajo” y “un castillo de naipes que se derrumba”, según el letrado, porque la fiscalía se ha visto obligada a archivar todas las causas relacionadas con el cohecho, es decir, el soborno de los presuntos implicados.
García Peña, que expuso ante el tribunal su informe final, pidió la libre absolución de Manuel Parejo, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ante la falta de pruebas, apuntó el letrado, la Fiscalía resuelve todo diciendo que ha habido “una trama delictiva”, pero aseguró que su cliente no se levanta una mañana y tira por la borda su vida y su carrera para hacer ricos a unos empresarios.
“Nunca se ha podido investigar tanto a tantas personas sin haber podido encontrar nada”, pese a la “desesperación procesal” de la fiscal por encontrarlo, dijo el abogado en relación con el cohecho, y afirmó que “cuando se persigue el dinero siempre se encuentra su rastro”.
García Peña sostuvo además que no ha habido ninguna trama entre empresarios, políticos y funcionarios para inflar el precio de la compraventa, sino en todo caso al revés: hubo un interés permanente por parte del Ayuntamiento por evitar la construcción de la playa y por rebajar el precio de adquisición.
Para ello, continuó, Parejo encargó a la arquitecta municipal un informe previo con el que poder negociar a la baja con los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, en el que “sin concreción” Pía Oramas apunta una decena de posibles precios alternativos, entre ellos una valoración de 19 millones de euros frente a los 52,5 millones que se pagaron finalmente.
Ese informe era útil al concejal para negociar el precio a la baja, pero no era una valoración oficial y concreta, que se encargó externamente. Por tanto, se trataba de un borrador que no tenía por qué incorporarse en el expediente de compraventa, señaló el abogado. También dijo que una cosa es el valor y otra el precio, que en un mercado libre al final se fija por el vendedor.
Por eso consideró que no se puede hablar de malversación de fondos públicos solo porque el precio que se pague parezca caro o exceda la valoración de la arquitecta municipal, ya que concurren otros factores como ponen de manifiesto las diferentes tasaciones y opiniones de los peritos expertos en planeamiento y urbanismo.
García Peña sostuvo que la prueba testifical durante el juicio “ha resultado prácticamente inútil”, porque no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad, dado que muchos testigos acudían intimidados e incluso aterrorizados por la magnitud del caso, hasta el punto de que, de forma inverosímil, algunos no recordaban absolutamente nada.
La misma inverosimilitud tiene para el defensor de Parejo que la principal testigo o perito de la acusación, Pía Oramas, recordara absolutamente todo, cada detalle, cuando su declaración fue, en su opinión, “guionizada, artificial y poco espontánea”, como ilustra que buscara con la mirada la aprobación de las acusaciones.
El letrado denunció además que no solo ha habido “testigos de complacencia”, sino también “acusados de complacencia”, a los que “se les ha premiado” con el levantamiento de cargos acusatorios cuando contestaron durante el juicio oral lo que interesaba a la Fiscalía, aunque contradijeran sus versiones anteriores.
García Peña se refería así al exinterventor municipal Antonio Messia y al exsecretario municipal José Eugenio Zárate, quienes declararon que realizaron informes favorables a la compraventa porque se les ocultó la existencia de las valoraciones de los terrenos realizadas por la arquitecta municipal.
El defensor de Parejo consideró lícito que esos dos acusados adoptaran esa estrategia autoexculpatoria, pero subrayó que el expediente de compraventa estaba bien hecho y que no hay actividad delictiva porque haya diferencias jurídicas sobre su tramitación.
