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Un error burocrático de Ciudadanos mantiene a los concejales expulsados del partido en el Grupo Mixto en Santa Cruz de Tenerife

Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

Los concejales expulsados de Ciudadanos Matilde Zambudio y Ramón Lazcano continúan en el Grupo Mixto por un error burocrático de la formación naranja. En el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estaba previsto que Ciudadanos acreditara que ambos pasan a ser no adscritos, como así lo recoge un informe, preceptivo y no vinculante, del secretario general.

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Para que la expulsión sea efectiva, es preciso comunicarse de modo “fehaciente” e “indubitado” al Consistorio, que no debe entrar al fondo del asunto, sino que se tiene que limitar a “verificar su legalidad extrínseca”, según expone el documento del secretario general.

De esta manera, la expulsión de Zambudio y Lazcano se atasca, como mínimo, hasta el próximo pleno el mes que viene. Además, ambos recurrieron su expulsión presentando una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife contra la vulneración de derechos fundamentales, instando a su readmisión en el partido, que se declare nula la expulsión y que Ciudadanos sea condenado a pagar las costas del proceso.

Además, una ley regional impide a los concejales, una vez se hiciera efectiva su expulsión, ostentar cargos de entidades públicas o tener dedicación exclusiva, y, por ende, cobrar como miembros del Gobierno.

Los concejales fueron expulsados por Ciudadanos tras apoyar la investidura de Patricia Hernández como alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en contra de las órdenes de su partido, que puso fin a 40 años de gobierno de Coalición Canaria.

Esto se produce en el marco del debate sobre las limitaciones que se imponen a los concejales y consejeros de cabildos que abandonan o son expulsados de su partido, pues el Gobierno regional del cuatripartito deberá decidir si opta por perseguir a los tránsfugas o respetar la Constitución, derogando algunos artículos de las leyes de municipios y de cabildos, ambas de 2015.

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