El 33% de los contratos vistos por el Plan contra la Explotación Laboral son fraudulentos
Los resultados obtenidos por ahora (el plan se cierra a finales de este mes) indican que las denuncias de los sindicatos no iban nada mal encaminadas en Canarias, que es justo lo que vienen a confirmar los datos mínimos por ahora adelantados por la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Patricia Hernández (del PSOE), acerca del balance obtenido por las inspecciones especiales y selectivas que se han programado dentro del Plan contra la Explotación Laboral en las islas.
Gracias a esa iniciativa administrativa, que recibió un impulso clave por parte de la vicepresidenta, ya ha aflorado un triste balance; esto es, que el 33% de los contratos examinados por el equipo de inspectores sobre una masa crítica de empleos (en los sectores de turismo, servicios y construcción) arroja graves irregularidades y, por ello, se puede afirmar que son relaciones laborales fraudulentas. No son pocos, pues se trata de uno de cada tres contratos a los que le ha echado un vistazo el equipo reforzado de inspectores de la Consejería.
El Plan contra la Explotación Laboral, que se inició en agosto pasado y cuyas batidas se prevé que terminen el 20 de este mes, incorporó el 11 de octubre pasado a 32 inspectores más, que sumaron sus esfuerzos de control a los especialistas que ya participaban en el citado programa regional. A esos últimos 32 efectivos se les asignaron 1.284 intervenciones, prácticamente todas centradas en actividades turísticas, comerciales y de la construcción.
Con esta acción integral, la Consejería de Empleo ha pretendido hacer aflorar, y parece que lo va consiguiendo según los registros conocidos, los contratos laborales que son ilegales en las islas, para, de esta manera, poder combatir las irregularidades que aún se producen en las contrataciones de trabajadores. Estas actuaciones sin duda redundan en la consolidación de los derechos de los empleados y en la normalización de las relaciones entre estos y las empresas, siempre atendiendo a las leyes y normas que son de aplicación en España.
Una de las principales anomalías detectadas en las contrataciones que han sido examinadas por los inspectores de Empleo guarda relación con la formalización de contratos a tiempo parcial para actividades laborales que se ejercen a tiempo completo, principalmente para el empresario ahorrarse parte del coste que debe asumir en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social por el trabajador.
