¿Dónde está el dinero para la reposición de las viviendas con aluminosis de Las Chumberas?

¿Dónde está el dinero de la reposición de las viviendas de Las Chumberas? Es la pregunta que se hacen lo vecinos y las vecinas y que los miembros de la oposición intentan aclarar. Desde que el pasado mes de febrero una parte de la oposición de la ciudad de La Laguna (Por Tenerife, Unidos Se Puede, PSOE, Ciudadanos y dos de los concejales no adscritos) tomara el control de Muvisa, la empresa municipal de vivienda, han salido a la luz algunas anomalías en la gestión de los fondos que llegaron del Estado para reformar las viviendas afectadas por aluminosis. Sin embargo, no es la única deuda que se ha mantenido con la empresa de vivienda. El Ayuntamiento no ha abonado 5,6 millones de euros a Muvisa en actuaciones que le instó a realizar en las denominadas Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUS). La duda que no se despeja aún es por qué se han encargado estas actuaciones y no se han financiado.

En un informe que el actual consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu, ha remitido al alcalde de La Laguna, se detalla, con información del “área de administración”, cada una de las actuaciones que siguen pendientes de ingreso. En total, 212.000 euros de las obras en Padre Anchieta; 183.319 en El Cardonal; más de 500.000 euros en la facturación del arrendamiento de un inmueble en la calle Herradores, otros 565.000 de los gastos relativos a distintas parcelas en Geneto y La Cuesta y que han sido reclamadas en otras ocasiones, así como 202.517 en las actuaciones en el Centurión.

Las dudas sobre la gestión de la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de La Laguna persisten, ya que desde el año 2009 los vecinos de este barrio están esperando por una solución a sus viviendas. El interventor del Cabildo de Tenerife se pronunció hasta cinco veces en contra de abonar a La Laguna su parte del convenio hasta que no justificara el dinero recibido hasta ahora. Esos informes también evidenciaban que no se ha realizado una valoración socioeconómica de las familias para determinar si pueden ser beneficiarias de inversiones públicas en vivienda.

La pasada semana, el Ayuntamiento inyectó a Muvisa 10 millones de euros correspondientes al convenio de Las Chumberas tras años de parálisis. Unos fondos, que según destacó el consejero delegado Javier Abreu en su cuenta de Twitter “están a buen recaudo” en una nueva cuenta bancaria.

La toma del Consejo de Administración de Muvisa por parte de la oposición ha sido reprochada por Comisiones Obreras (CCOO), que considera que los trabajadores de esta empresa están siendo sometidos a un “acoso injustificado”. Unas críticas que han venido motivadas desde que se produjera el despido de Silvestre Suárez, un cargo de confianza que hasta ahora era coordinador de la actuación de reposición de Las Chumberas, pero que fue concejal de Coalición Canaria.

Los nacionalistas, por su parte, han tardado solo dos días en sumarse a las críticas del sindicato y denunciar el despido de este trabajador, así como el clima que se está viviendo en esta empresa pública. En un comunicado emitido este lunes, el partido pide la dimisión del nuevo Consejo de Administración de Muvisa. Sin embargo, la oposición descarta que se vayan a realizar más despidos e insiste en que este conflicto es una “cortina de humo” más de Coalición Canaria para que no se investigue el fondo de esta cuestión.

La sombra del caso Corredor también recae sobre Las Chumberas. Según un informe de intervención del Cabildo de Tenerife, La Laguna llevó acabo actuaciones contempladas en el convenio de Las Chumberas antes de que se firmarse el acuerdo de financiación en 2011 con el Estado, una fecha que coincide con las actuaciones que se destaparon en la pieza 22 de este caso.

En 2010 se tramitó el realojo de vecinos afectados por aluminosis en sus casas, pero las escuchas de la Policía reflejaron cómo la entonces concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez (ahora viceconsejera de Medio Ambiente), advertía al exalcalde Fernando Clavijo de que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por la forma de tramitar las subvenciones.