La jueza suspende la expulsión de los concejales de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife y condena al partido a pagar las costas judiciales

Matilde Zambudio y Ramón Lazcano acuden al juicio en Santa Cruz de Tenerife

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, María Gabriela Reverón González, ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Juan Ramón Lazcano para suspender su expulsión del partido político en el que militaba, Ciudadanos.

La Fiscalía apoya que se suspenda la expulsión de los exconcejales de C’s en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

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Tanto Lazcano como su compañera Matilde Zambudio fueron expedientados y expulsados de su partido tras sellar un pacto con el PSOE en el gobierno de la capital tinerfeña que dio la alcaldía a la socialista Patricia Hernández. Este pacto supuso el fin del gobierno de Coalición Canaria en la ciudad tras décadas en el poder.

Lazcano y su compañera Matilde Zambudio fueron poco después acusados de transfuguismo y expulsados del partido.

Sin embargo, ambos aseguraron en diversas ocasiones que nunca recibieron órdenes de no pactar con el PSOE y que solo hicieron lo prometido en campaña, a saber, desalojar a CC del Ayuntamiento chicharrero.

Por su parte, el abogado defensor de Ciudadanos, Pablo Piñero, afirmó en la vista celebrada el pasado 1 de octubre que el procedimiento de expulsión ha respetado la Constitución, la Ley de Partidos y los estatutos del partido, los cuales fueron vulnerados a su entender de forma "muy grave" por los dos ediles al desobedecer la instrucción recibida por WhatsApp la víspera del pleno en la que se les instaba a votarse a sí mismos al no existir en aquellos instantes ningún pacto autorizado por el partido.

Ahora la jueza considera que ha lugar la medida cautelar solicitada por Lazcano y que supone la suspensión cautelar de la expulsión de ambos concejales de Ciudadanos. La jueza, además, impone el pago de las costas el partido político.

La resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación, sin que este tenga efectos suspensivos. Y queda pendiente de que la jueza entre a analizar el fondo del asunto tras la correspondiente vista oral.

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