La Fiscalía se opone a la prescripción del delito de falsedad por el que se investiga al periodista Francisco Pomares

El Ministerio Fiscal ha echado por tierra la primera pretensión del periodista Francisco Pomares, candidato de Coalición Canaria a la junta de control de la Radio Televisión Canaria (RTVC), investigado por un presunto delito de falsedad documental. La representante de la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, donde se instruye la causa, ha rechazado la petición del imputado de que el delito se declare prescrito por haber sido cometido presuntamente en 2014, cuando presentó ante la Universidad de La Laguna dos certificados en los que se aseguraba que había prestado servicios para dos productoras de cine y de televisión que son precisamente las que se han querellado ahora contra él.

En su escrito de contestación a las pretensiones de Pomares, que pedía el archivo de la causa por prescripción, la fiscal considera que es necesario “constatar fehacientemente cuál es la fecha en que dichos documentos [presuntamente falsificados] se incorporaron al expediente administrativo para la obtención de la plaza de profesor en la Universidad de La Laguna, pues es a partir de ese momento cuando se debería empezar a contar el plazo de la prescripción y por lo tanto cuando produce efectos jurídicos la relación laboral que se generó entre el el señor Pomares Rodríguez y la Universidad de La Laguna”.

A juicio del Ministerio Público será la declaración de Pomares en calidad de investigado, prevista para este miércoles precisamente, la que ayude “aún más a esclarecer el fondo de la presente investigación y delimitar con total claridad la fecha de incorporación al expediente administrativo de los certificados aportados por él mismo”.

Este martes declaró ante el juez el querellante, Lucas Fernández, propietario de las dos productoras donde Pomares sostuvo haber trabajado. Fernández se ratificó en su querella y aportó varios documentos que a su entender avalarían la falsedad de los certificados con los que el querellado consiguió una plaza de profesor de Periodismo de la Universidad de La Laguna.

El abogado de Pomares, por su parte, puso sobre la mesa de modo sorpresivo el nombre de una tercera persona, el del también periodista Jorge Bethencourt, al que extrañamente relacionó con la expedición de esos certificados.