La defensa de Pérez-Godiño y Clavijo omite una moción del PP y XTF que solicitaba el rescate del servicio de grúas
La estrategia de la defensa del concejal en La Laguna Antonio Pérez-Godiño, del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo y del alcalde lagunero, José Alberto Díaz, en el ctaso Grúas ha puesto el acento en una moción presentada por los Grupos del PP y XTF para que se pagara el salario adeudado a los trabajadores no propietarios, quejándose de un trato arbitrario y desfavorable hacia los amigos del alcalde que compraron Autogrúas Poli para desvirtuar con ello la validez de la denuncia de la oposición.
“El caso Grúas da un giro con la aparición de esta moción” se aventuraron a decir en los medios de comunicación, más allá de que la realidad demuestra que si hubo trato arbitrario fue precisamente a favor de los amigos de Clavijo, que siguen trabajando en las grúas municipales a pesar de estar imputados por el robo de piezas mientras que los trabajadores que denunciaron el mismo están en la calle.
Sin embargo, lo que ha tratado de ocultar la defensa de Godiño, Clavijo y Díaz; y que a buen seguro utilizarán los denunciantes, es la existencia hasta ahora inadvertida del debate y votación de una moción también conjunta de los Grupos del PP y XTF, el 14 de noviembre de 2013, para el rescate de la concesión del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública.
La importancia de esta moción, y su correspondiente debate, radica en que durante el mismo, apenas dos meses antes de que se decidiera intervenir el servicio, los grupos de la oposición expusieron ante el Gobierno todos los incumplimientos del Pliego que justificaban el rescate y que ahora ni el exalcalde Fernando Clavijo, ni el actual, José Alberto Díaz, podrán decir que desconocían.
“Pedimos el rescate del servicio por los continuos incumplimientos del Pliego de Condiciones, que además están catalogados como infracciones graves, que van desde tener las ITV caducadas al mal estado en que se encuentran las grúas que realizan el servicio, no poseer la autorización administrativa para ejercer el transporte de mercancías o a las propias tarjetas de transporte caducadas”, comenzaron diciendo Susana Gorrín en nombre del PP e Ignacio Viciana en nombre de XTF.
En ese debate, José Alberto Díaz dejó claro que a la concesión administrativa le quedaban al menos 15 años y dijo que “una toma de decisión del Grupo de Gobierno de rescate, de apropiación o de cualquier otra medida jurídica podrá tener consecuencias jurídicas para los ciudadanos … si no tiene los títulos suficientes y el amparo y la legalidad suficientes para adoptar una medida de ese calibre e importancia”.
Es decir, no se negaba a la posibilidad de rescatar el servicio, sólo advertía de que era necesario el amparo legal suficiente: “Las causas para rescindir y rescatar esa concesión tienen que tener el peso suficiente para que no sean requeridos después por la empresa a la que se les rompe y se les procede el rescate, y pueda tener consecuencias mayores para esta Corporación”, llegó a decir.
Susana Gorrín e Ignacio Viciana abundaron en que “las grúas no están en el estado en el que marca el pliego de condiciones, la empresa concesionaria no está al corriente con la Seguridad Social ni el pago de las nóminas, o que las grúas no hayan pasado a ser de titularidad municipal como exige el Pliego”.
Es más, la concejala del PP se refirió exactamente “al punto dos del artículo 20 que dice textualmente: el concesionario está obligado a del 1 al 15 de cada mes, a presentar justificante de haber abonado las nóminas a su personal y pago a la Seguridad Social”.
Es decir, exactamente el mismo precepto con el que el Interventor del Ayuntamiento, Gerardo Armas, justificaría después su reparo a que la concesión por este servicio le fuera prorrogada a Autogrúas Poli S.L.
Por su parte Ignacio Viciana se preguntaba cómo es posible que el servicio de retirada de vehículos estuviera en manos de una empresa que carecía de tarjeta de transporte: “Con lo cual, no puede cumplir la función esencial del servicio adjudicado … no me diga usted a mí que no hay argumentos de sobra para resolver una situación”. Y luego pidió “rescatar el servicio, sacarlo nuevamente a concurso y que la empresa que lo coja se subrogara a todos los trabajadores, a los propietarios y a los que no”.
José Alberto Díaz se negó también a esta posibilidad señalando que “si rescatamos la concesión y la sacamos otra vez a otra empresa, los trabajadores se verán en la calle porque no cabe la subrogación empresarial”. Y añadió que era “especialista” en la materia y que “con esta moción no van a tener los trabajadores derecho a la subrogación, no lo van a tener, imposible, lo han quitado, hay sentencias del Tribunal Supremo por unificación de doctrina”.
Sin embargo aproximadamente un mes después del debate plenario, el 26 de diciembre de 2013, Ceferino Marrero Fariña, secretario accidental del Pleno y jurista de cabecera de Fernando Clavijo, emitía un informe cuya conclusión señalaba textualmente: “En conclusión, la respuesta de esta Secretaría es favorable a la posibilidad de incluir en un nuevo pliego de condiciones regulador del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública una cláusula para subrogar a los trabajadores que prestan en la actualidad el Servicio”.
Este debate plenario y el posterior informe de la Secretaría es una prueba fehaciente de que existían argumentos e incumplimientos suficientes para no renovar la concesión sin riesgo para que los trabajadores perdieran su puesto de trabajo y sin que el Ayuntamiento se viera obligado a subrogarlos. El problema es que la cuantiosa deuda superior a los 700.000 euros seguiría en el debe de los amigos de Fernando Clavijo.
Por el contrario, el Gobierno municipal de CC-PSOE decidiría intervenir el servicio un mes después (el 28/01/2014), prorrogar la concesión ocho meses después (el 27/08/2014) y los amigos de Clavijo se verían obligados a vender la empresa por 1 euro 20 meses más tarde (el 27/08/2015).
