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La jueza que investiga las subcontrataciones de Emmasa cita como testigo al concejal de Servicios Públicos en la capital tinerfeña

Dámaso Arteaga, responsable de CC en esa área del Gobierno local, ha sido llamado por la magistrada Eva Esther Juárez el 4 de junio; también debe acudir al juzgado el interventor nombrado por el Ayuntamiento para el mismo asunto, Rogelio Padrón 

Sede principal de Emmasa, filial de Sacyr, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife

Sede principal de Emmasa, filial de Sacyr, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife

La jueza del caso abierto por las supuestas irregularidades cometidas en subcontrataciones por la empresa municipal de aguas en Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, ha decidido citar como testigo al concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga, integrante de Coalición Canaria (CC). La cita se ha previsto para el 4 de junio próximo.

La magistrada Eva Esther Juárez, adscrita al Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, así lo solicita en una providencia con fecha de mediados de abril pasado, en cuyo documento, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, también se pide que acuda al juzgado, en la misma condición que Dámaso Arteaga (como testigo), el interventor nombrado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para Emmasa, Rogelio Padrón Coello. En el proceso judicial constan como acción popular Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí Se Puede, y José Manuel Corrales.

En esta acción penal, que se sigue, en fase de diligencias previas, por supuestas anomalías cometidas por la empresa Emmasa (aparece como investigada en la causa) que han generado un daño patrimonial al Consistorio capitalino, se investiga si esa sociedad mixta bajo control privado (de Sacyr Vallehermoso y la misma que gestiona el servicio integral de aguas en Santa Cruz de Tenerife) ha incumplido el pliego de condiciones del concurso público celebrado en su día y ello ha supuesto un daño económico cifrado en cinco millones de euros, según una prueba pericial ya practicada.

La misma providencia solicita al Ayuntamiento capitalino los siguientes documentos oficiales:

- El "informe final o de conclusiones finales del proceso de intervención de Emmasa o, en su defecto, de no existir este, los informes mensuales presentados por el interventor".

- Informe de "si a consecuencia de las irregularidades en las contrataciones y en las inversiones atribuidas a Sacyr Vallehermoso que dieron lugar a la intervención de Emmasa y/o a resultas del proceso de intervención se ha sancionado y/o reclamado indemnización a Sacyr por los perjuicios económicos ocasionados y, en caso afirmativo, resultado de dicha sanción y/o reclamación".

- Informe "sobre ejecución del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sacyr Vallehermoso de 25 de marzo de 2015 para la ejecución de la parte del plan de inversiones referida a la inversión propia del licitador Sacyr".

Supuesto prejuicio patrimonial para el Consistorio

El peritaje citado, hecho por encargo del Juzgado nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, concluye que esa sociedad mercantil llevó a cabo entre 2006 y 2015, supuestamente de forma irregular, subcontrataciones por valor de 17,9 millones de euros que han provocado un daño económico superior a los cinco millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Para calcular ese perjuicio económico se tienen en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado a contratos que no debieron suscribirse, pues, según dictamina el perito, se trata de actividades que debió realizar directamente Emmasa, no a través de terceras empresas.

El peritaje judicial constata que entre 2006 y 2012 la empresa mixta (el 94,64% de cuyas acciones fueron vendidas por el Ayuntamiento a Sacyr en 2005, para proceder a la compra del frente de playa de Las Teresitas, operación hoy declarada ilegal y con los condenados en la cárcel) incumplió con esas subcontrataciones el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigió el concurso público de la privatización.

Así, en ese periodo Emmasa suscribió hasta 121 contratos con ese fin que infringían la prohibición de subcontratar, de los cuales 76 se refieren a actividades esenciales del servicio público que esta presta y 45 a actividades accesorias cuya realización por otra empresa requería autorización del Ayuntamiento santacrucero, permiso previo que no fue solicitado.

En el informe pericial se detalla además que, de las 270 contrataciones de las que tiene conocimiento el perito, 116, por valor de 15,68 millones, fueron suscritas por encima del importe máximo permitido anualmente. 

Con arreglo a este peritaje, esta práctica contraria a la legislación constituye una infracción que, según la Ley de Contratos del Sector Público, "pudiera suponer [para Emmasa] una sanción con importe de hasta el 50% del precio del contrato". De esas subcontrataciones, "en 60 concurrieron además otras causas que debieron impedir su suscripción".

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