El Supremo reconoce el derecho de una madre soltera de Tenerife a tener diez semanas más de baja para el cuidado de sus hijos

El Tribunal Supremo ha reconocido por tercera vez en pocos meses el derecho de una madre soltera tinerfeña a disfrutar de diez semanas pagadas adicionales de permiso para el cuidado de sus dos hijos nacidos en 2022, además de las 16 que le correspondían legalmente en aquel momento.

El resultado del fallo judicial implica que la mujer dispondrá de un total de 26 semanas, de las que 16 son su permiso natural, más diez adicionales que hubiesen correspondido al otro progenitor.

El año pasado el Consejo de Ministros aprobó una nueva ampliación duplicando esta prestación hasta las 32 semanas, siempre y cuando los niños hubiesen nacido a partir del mes de agosto de 2024, por lo que estas madres quedaron excluidas de esta ampliación.

Los fallos determinan que otros progenitores en situaciones de monoparentalidad que antes de 2024 acudieron a los tribunales reclamando este derecho puedan ahora hacer uso del mismo pero sólo hasta 26 semanas no 32.

La nueva sentencia se fundamenta en el interés superior del menor y busca evitar la discriminación de los hijos de familias monoparentales al considerar el Supremo que si en una familia biparental el cuidado del hijo se reparte entre dos progenitores, en una monoparental el menor tiene derecho al mismo cuidado.

Tal y como ocurrió en los anteriores casos en primera instancia un Juzgado dio la razón a la madre pero luego la Seguridad Social recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo anuló.

A continuación la mujer recurrió al Supremo por medio de un recurso de unificación de doctrina y apeló a una resolución de los tribunales de Cataluña que se pronunciaba en otro sentido, tal y como ocurrió en los otros dos casos conocidos de la isla.

Durante esta tramitación judicial, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la prohibición de que las familias monoparentales disfruten de los mismos derechos que las restantes es inconstitucional al considerar que de lo contrario se estaría ante una discriminación.