Una de las noticias más leídas este jueves en Canarias ha sido la referida a la decisión de Cáritas Diocesana de clausurar algunos de sus servicios y reducir su plantilla en diecisiete trabajadores. La organización no gubernamental ha declarado que las causas de estas drásticas decisiones se deben a que “la Administración pública” les ha reducido las subvenciones otorgadas hasta ahora. Parece bastante injusto que Cáritas meta en el mismo saco de “la Administración pública” a todas las instituciones cuando quiere referirse sólo al Gobierno de Canarias. Porque sólo es el Gobierno de Canarias quien ha retirado sus ayudas a la institución. El Cabildo de Gran Canaria, por el contrario, no sólo ha mantenido sus subvenciones, sino que ha acudido en socorro de Cáritas Diocesana en varias ocasiones, la primera el año pasado al anunciarse que se cancelaba un programa de ayudas a mujeres marginadas por falta de dinero, y la última este mismo mes de diciembre, cuando se le han transferido 208.000 euros que quedaron de remanentes de tesorería. Al César lo que es del César, que parece haber terror a criticar a determinadas instituciones y a muy concretos políticos.