Antonio Morales y Santiago Pérez

La campaña desatada contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria puede calificarse de cualquier cosa menos de casual. Llega justo cuando se acababan de producir dos hitos que perjudicaban gravemente la imagen de Fernando Clavijo y que, consecuentemente, aconsejaron a los estrategas de la agitación y la propaganda del Gobierno sacar la artillería pesada.

El primero de esos hitos lo provocó directamente Antonio Morales al dar a conocer un informe en el que se reflejan desequilibrios presupuestarios a favor de la isla de Tenerife con respecto a la de Gran Canaria. Morales desenterraba uno de los fantasmas durmientes de la política de Canarias que en este caso le servía para volver a marcar distancia frente a los que en Nueva Canarias, su partido, andan tentando la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales en alianza con Coalición Canaria ante la alocada carrera hacia ninguna parte emprendida por el PSOE de Ángel Víctor Torres.

A Coalición Canaria le perjudica enormemente el discurso del agravio inversor porque incide directamente en la isla donde menos implantación tiene, Gran Canaria, en la que a duras penas mantiene viva la organización gracias al catálogo de puestos de asesores, correveidiles y lameculos con los que da de comer a los miembros de sus comités locales. La credibilidad de Antonio Morales supera en Gran Canaria a la de cualquier miembro del Gobierno que quisiera contestar a aquellas cifras, por lo que era necesario encontrar una distracción que no solo permitiera cambiar de asunto en las portadas de los periódicos sino, que además, perjudicara la imagen de buen gestor del presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Los hados le fueron propicios al Gobierno, que tenía en su poder desde principios de mes el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre la contabilidad de 2013 del Ayuntamiento de Agüimes, donde Morales fue alcalde 28 años. La oportunidad era única, y los datos que reflejan ese informe, convenientemente contados, venían a decir que la contabilidad no se ajustaba fielmente a lo que deben ser las formas y los fondos de una administración pública. Se trata de reproches por desgracia muy recurrentes en los ayuntamientos de Canarias que en escasas ocasiones merecen activar el mecanismo de la Fiscalía al que está obligado la Audiencia de Cuentas en caso de apreciar algún tipo de conducta que pudiera ser delictiva. No ha sido este el caso.

El segundo hito no fue provocado por Antonio Morales sino por Santiago Pérez, portavoz de X-Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, en coalición con Nueva Canarias. Pérez es el autor de la denuncia que ha dado lugar, de momento, a la apertura de diligencias penales en un juzgado de esa ciudad por la prórroga de contratos de servicios públicos decretadas por Fernando Clavijo y su sucesor en la alcaldía siempre en contra de los dictámenes del interventor general del Ayuntamiento. Un feo asunto que hay que sumar al llamado caso Grúas, que sigue tramitándose en otro juzgado de la ciudad y que lleva meses amenazando con ser trasladado al TSJC por la condición de aforado del presidente del Gobierno.

Santiago Pérez ya ocupa por merecimiento propio un lugar destacado en la historia de ATI, la matriz de Coalición Canaria en Tenerife. Fue él quien redactó la denuncia por el escándalo de Las Teresitas y el que, siendo secretario general del PSOE en la isla, se ocupó de señalar a aquellos compañeros de partido que cayeron embrujados bajo los hechizos del alcalde Zerolo, el ungido por los dioses del insularismo que ha acabado convertido en un muñeco roto, despreciado por los que antaño le jaleaban, y en símbolo de toda la corrupción sobre la que se cimienta ATI.

Los estrategas del partido consideran que atacando a Antonio Morales están consiguiendo dos de sus objetivos: de un lado, minar la imagen del presidente del Cabildo de Gran Canaria, y del otro, enviar un recadito a Román Rodríguez y a los líderes de Nueva Canarias: esto pasa por las cosas que Santiago Pérez nos hace en La Laguna. Lo que, evidentemente, demuestra que en ATI no se han enterado de nada, que siguen sin conocer a Santiago Pérez y mucho menos a Antonio Morales.

Román Rodríguez, efectivamente, ha entendido el recado, pero no puede hacer nada. Ni quiere. Su interés en Coalición Canaria es exclusivamente de oportunidad: atender la llamada de los nacionalistas de la otra orilla solo en clave de alianza electoral ante las elecciones generales que se avecinan (adelantadas o en 2020, da igual), para encontrar un socio en la provincia de Las Palmas con el que sustituir al PSOE, con el que obtuvo la rentable acta de Pedro Quevedo. Sabe que Coalición Canaria lo necesita para esos fines mucho más que él a Coalición Canaria, desaparecida casi por completo en Gran Canaria, y aunque las negociaciones oficialmente no existan, existen.

 Ante ese escenario, José Miguel Bravo de Laguna (hoy en Unidos por Gran Canaria) agita el pañuelo para que los de Fernando Clavijo se fijen en él para tapar sus carencias en la isla. Ya se ha apresurado a pedir la comparecencia de Antonio Morales para que explique en el Cabildo las cuentas de Agüimes. Qué pronto se ha olvidado de la campaña que a él se le vino encima cuando Soria mandó a la misma tropa mediática a merendárselo por el expediente del BIC del Oasis de Maspalomas.