El dictamen del Consejo de Estado se suma al que recientemente también declaró nulo de pleno derecho el concurso del istmo de Santa Catalina, lo que convirtió aquello de La Gran Marina en una fantasmada inexistente en el ordenamiento jurídico español. No sólo son Arnáiz y los políticos que le han apoyado y alentado los responsables de estos desaguisados, sino que el sonoro patinazo hay que hacerlo extensivo a su íntimo colaborador Ángel Cervantes, el letrado del consejo de administración del Puerto, que también en el caso del dique osó desafiar a los servicios jurídicos del Estado creyéndose una vez más el más listo de la clase. Pues, como corresponde, a una esquina, de rodillas y con las orejas de burro encajadas en la cabeza. Y vienen más curvas.