Pueden haber pasado más o menos cuatro meses desde que el concejal de playas de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Núñez, pidiera a sus compañeros del grupo de gobierno salir a la opinión pública para informar a los ciudadanos de la renuncia provisional de la playa de Las Canteras a la bandera azul. Era una decisión cuidadosamente estudiada, oídos a los técnicos y a los representantes vecinales: no valía la pena pretender la bandera si existía riesgo de que fuera rechazada la petición. Ha habido obras de mucho calado, como la de la extracción de arena o las de los nuevos servicios de balnearios. Pero también había habido algunos vertidos que llevaron al Ayuntamiento a decretar la prohibición parcial del baño en la zona de La Puntilla. Pero los grandes cerebros del grupo municipal socialista dijeron que ellos se ocupaban, que nadie se preocupara, que todo estaba bajo control. Hasta que este miércoles aparecieron publicadas las banderas azules de toda España y entre ellas no figuraba la Playa de Las Canteras. Es entonces cuando, de improviso, se activan las alarmas, los concejales se ponen nervioso, el alcalde mira desconcertado hacia los suyos, el de Playas se echa las manos a la cabeza y calla... como sucedió con la aparición de boro en el agua de abasto: lo sabían con antelación, conocían el tamaño de la repercusión social, y esperaron a que se les viniera encima la avalancha de críticas para dar una explicación tardía, inservible y torpe. Que suena ahora a excusa, aunque seguramente sea cierta.