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4.000 trabajadores de Canarias, amenazados con el despido, según la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley

Personal de la administración pública, en su puesto de trabajo

La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) solicita el Gobierno de Canarias que se paralicen todas las ofertas de empleo público en Canarias de plazas ocupadas por personal que lleva más de 20 años cumpliendo sus servicios en las administraciones canarias hasta que se pronuncien los tribunales sobre las cientos de demandas presentadas por los trabajadores y se defina un nuevo marco normativo estatal.

Pefralca señala las "contradicciones" entre las manifestaciones del consejero Julio Pérez en el pleno del Parlamento del martes 27 de octubre donde afirmó que “la sentencia europea dará lugar a que los temporales e interinos pasen a ser fijos” y la intención de la Dirección General de Función Pública de sacar las OPE de plazas ocupadas antes de final de año.

La Plataforma critica “la tortura psicológica a la que los más de 4.000 empleados temporales de la Comunidad autónoma de Canarias estamos sometidos ante la ausencia total de talante negociador de la Dirección General de Función Pública y, a su vez, las manifestaciones realizadas por los distintos responsables como la ministra canaria de Administraciones Públicas, Carolina Darias, el consejero del Gobierno canario Julio Pérez, y la directora general de Función Pública, quien continúa con la amenaza de las OPE en las mesas oficiales de negociación".

Según Pefralca, esta oferta de empleo público que plantea el Gobierno de Canarias y que la directora de Función Pública advierte que van a sacar “antes de final de año” es contraria a la sentencia del Tribunal Europeo del 19 de marzo de 2020, que considera que si hay un fraude en la contratación y esta se extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a los trabajadores sino más bien sancionar a la administración que lo ha causado dictando la fijeza de estos trabajadores.

Además, añade la Plataforma, el "efecto llamada" de una oposición de empleo público podría suponer que cientos de trabajadores de otras comunidades autónomas "desplacen a los trabajadores canarios, cuando esta comunidad autónoma es la que más está sufriendo económicamente los efectos de la pandemia por depender directa o indirectamente en un 80% del turismo".

Los empleados públicos de Canarias han interpuesto hasta la fecha más de 600 denuncias individuales cuyos juicios comienzan a celebrarse estos días, por lo que Pefralca solicita que se paralice la oferta de empleo público de estas plazas ocupadas hasta que resuelvan los tribunales de justicia y se defina el nuevo marco normativo.

Antecedentes

Pefralca afirma que miles de trabajadores públicos están afectados por un proceso de “desconsolidación” que obligará en la práctica a despidos masivos e indemnizaciones que podrían superar los 50 millones de euros. Por ello, añade, los empleados públicos de Canarias "queremos denunciar el supuesto proceso de consolidación que afecta a más de 4.000 trabajadores a los que el Gobierno de Ángel Víctor Torres va a obligar a presentarse a una Oferta de Empleo Público para legalizar una situación de temporalidad que la administración autonómica mantiene en fraude de Ley desde hace más de 20 años".

Por ese motivo, explica, se ha constituido la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias Pefralca "con el objetivo de que los canarios y canarias conozcan que los trabajadores afectados son los que les están tramitando los subsidios sociales, los ERTE, los que les atienden en urgencias, los que apagan los incendios o dan de comer a sus hijos en los comedores escolares".

Los afectados, añade, "somos trabajadores que, en muchos casos, llevamos hasta 20 años prestando servicios en el Gobierno de Canarias, tenemos una media de 50 años y nuestros despidos podrían alcanzar hasta 50 millones de euros en indemnizaciones en un momento, en el que el dinero público debe estar dirigido a los efectos de la pandemia, y no a mermar los ya escasos recursos de la administración".

El proceso afecta a empleados públicos que el Gobierno de Canarias ha mantenido como temporales o interinos durante más de 20 años. "Ha sido el propio Gobierno de Canarias quien ha creado el problema de la temporalidad y ahora pretende resolverlo metiendo la tijera bajo una supuesta Oferta de Empleo Público", critica Pefralca.

La Plataforma insiste en que la Administración Pública "conoce de sobra que hay muchas fórmulas que no pasan por una oferta de empleo público para consolidar a los empleados que llevan más de 20 años de media en el puesto, y ya no pueden ser considerados como temporales sino fijos, con todos los derechos como demuestra la reciente sentencia del Juzgado número 4 de Alicante del 8 de junio de 2020 n.º 252/2020 donde se reconoce el derecho de los temporales a ser empleados públicos fijos y, a permanecer en sus puestos de trabajo, sin adquirir la condición de funcionario de carrera y sin coste para las administraciones públicas".

Pefralca anuncia "movilizaciones continuas del personal, demandas judiciales y una respuesta contundente a este ERE encubierto que va a suponer una merma en la atención al ciudadano y sobre todo un despilfarro de dinero público en la peor crisis que ha vivido Canarias en los últimos 50 años".

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