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Sacyr cubrió a su socio Satocán la rebaja de un alquiler de 90.000 euros que investiga la Fiscalía de Las Palmas

El exalcalde Jerónimo Saavedra obligó a rebajar la renta hasta los 78.000 euros y el diferencial lo cubrieron Valoriza (filial de Sacyr) y Saur mediante un reconocimiento de deuda

A su vez, Satocán pagaba a Valoriza y a Saur una comisión mensual de 30.000 euros por la operación inmobiliaria

HEMEROTECA | Satocan compró la sede de Emalsa "pocos días antes" de alquilársela

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Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria

Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

Satocán siempre gana. El socio de la poderosa Sacyr en la Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa), Juan Miguel Sanjuán, cubrió todas las posibles contingencias que pudiera sufrir su contrato de alquiler de oficinas por 90.000 euros con un acuerdo de reconocimiento de deuda que obligó a sus socios a pagar cualquier tipo de diferencial impuesto por el socio público en Emalsa. Sanjuan, presidente de Satocán, se aseguró de que Emalsa, en cuyo consejo de administración se sienta, alquilara sus locales en Siete Palmas por 90.000 euros; antes de firmar el contrato los compró a la comunidad de propietarios y, a la vista de que el Ayuntamiento le obligaba a rebajar la renta a 78.000 euros mensuales, hizo que sus socios en el negocio del agua, Valoriza (grupo Sacyr) y Saur (ya en manos de BNP y Axa), cubrieran la diferencia con sus propios fondos. La Fiscalía de Las Palmas investiga este alquiler desde 2013, pero hasta ahora se desconocía este cruce de garantías así como la procedencia del dinero con el que Juan Miguel Sanjuan, miembro del consejo de administración de Sacyr, continúa recibiendo -al menos sobre el papel- la renta inicial.

El contrato de alquiler de las oficinas que Satocán tiene en el Las Ramblas Centro, en Las Palmas de Gran Canaria, lo firmó en 2008 Emalsa a espaldas de su socio principal, el Ayuntamiento la ciudad, que posee el 34% de la compañía. El entonces alcalde, Jerónimo Saavedra (PSOE) puso el grito en el cielo y obligó a que la renta sufriera una rebaja de 12.000 euros, hasta situarse en los actuales 78.000 que paga la compañía mixta. Después de Saavedra fue el alcalde popular Juan José Cardona quien pretendió sin éxito otra rebaja en la renta y el que puso el asunto en manos de la Fiscalía de Las Palmas al no alcanzar su objetivo. Un juzgado de la ciudad investiga un posible delito societario desde 2013 a instancias de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos.

Pero mientras esto se dilucida en los juzgados, en la trastienda Juan Miguel Sanjuan se había garantizado que cobraría el cien por cien de lo que inicialmente había pactado con los socios privados de Emalsa: Valoriza, un 33%, y Saur, otro 33%, a su vez socios al 50% de Sercanarias, la firma que se ocupa de las obras de mantenimiento y reparación de la red de abasto de la ciudad por adjudicación de Emalsa.

Es a través de Sercanarias con la que actúa Juan Miguel Sanjuan una vez más. Si esta pantalla fue utilizada para el reparto de una comisión de 1,8 millones por las gestiones inmobiliarias del alquiler de las oficinas de Satocan a Emalsa, vuelve a ser utilizada para actuar como intermediario en el escudo de garantías que levanta Satocán.

Así, si en julio de 2008 Satocán había firmado con Emalsa el alquiler de las oficinas con una opción de compra por 12,3 millones de euros, en septiembre de 2009, a la vista de la rebaja propinada por Saavedra, Sanjuan suscribe con los dos socios en Sercanarias, Valoriza Agua (él mismo a través de Sacyr) y Saur (BNP y Axa) un contrato de reconocimiento de deuda que obligaba a esta compañía a cubrirle cualquier rebaja.

El acuerdo tiene tres cláusulas. La primera obliga a Valoriza y a Saur a realizar “todos los esfuerzos posibles para que Emalsa acepte que la reducción de renta consecuencia del anexo al contrato de arrendamiento a perfeccionar se limite al periodo desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013”.

En segundo lugar, los firmantes del contrato se comprometían ante Sanjuan a que Sercanarias abonara “de forma mensual y en un plazo no superior a diez días la diferencia entre la renta que finalmente abone Emalsa y aquella que hubiera dado lugar a abonar según el contrato actualmente vigente (…) esto es 90.000 euros actualizados según se indica en la cláusula tercera del mismo y por un periodo desde el 1 de enero de 2014 hasta la extinción del contrato de arrendamiento mientras tal diferencia existiera”.

Con estas dos cláusulas, Sanjuan se garantizaba que los 12.000 euros de rebaja habría de pagarlos Emalsa, sin especificar realmente cómo, o en su defecto Sercanarias, de cuyo 50% es titular Valoriza, la compañía de Sacyr en cuyo consejo de administración se sienta.

Pero había un tercer blindaje más: si no paga Emalsa ni responde Sercanarias, la tercera cláusula del contrato de reconocimiento de deuda cierra cualquier escapatoria: “Saur y Valoriza Agua aceptan ser garantes de la posición de Sercanarias en el presente acuerdo; esto es, si Sercanarias incumpliera en algún momento lo pactado en la cláusula segunda, Saur y Valoriza Agua asumirán por mitades el pago que debiera hacer Sercanarias a Satocán, a primer requerimiento y en un plazo no superior a diez días”.

El contrato aparece firmado en nombre de Satocán por un apoderado, Pedro José Higueras Dávila; por Saur aparece la firma de José Luis Rubio Díaz de Tudanca, y por Valoriza Agua, Pablo Abril-Martorell Hernández.

José Luis Rubio Díaz de Tudanca ha manifestado a este periódico que el documento por el que fue preguntado este martes “es falso” o “manipulado”. Las llamadas a Pablo Abril-Martorell resultaron infructuosas.

Conflicto de intereses

Las acciones realizadas por Juan Miguel Sanjuan en torno al alquiler de sus oficinas a la empresa mixta Emalsa, en la que participa Sacyr a través de su filial Valoriza Agua, están expresamente prohibidas por el reglamento del consejo de administración de la multinacional, en el que se sienta el empresario canario.

En su artículo 33, ese reglamento dice expresamente que no les está permitido a los consejeros "aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Sociedad", ni "obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía".

El departamento de Comunicación de Sacyr no ha contestado a los requerimientos que en este sentido le ha formulado este periódico. Sanjuan sí ha sostenido que ha consultado con la entidad que preside Manuel Manrique y en ningún momento ha recibido reproches.

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