La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria defiende la decisión del Ayuntamiento de retirar su acusación del caso Emalsa

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido este miércoles la decisión del Ayuntamiento de retirar la acusación formulada contra doce de los quince procesados en el caso Emalsa, en el que el Consistorio era el posible perjudicado.

Preguntada por los periodistas durante su visita a Almatriche, donde se ha reunido con los vecinos para presentar en plan de urbanización de la carretera que atraviesa el barrio, Darias ha asegurado que “ha sido una decisión acordada por el Ayuntamiento”.

La alcaldesa se ha referido a la motivación expuesta por la directora de Asesoría Jurídica y representante legal del Consistorio durante la novena sesión del juicio, celebrada el pasado 16 de julio, y ha señalado “que no se daban las razones para continuar con esa posición”.

Entonces, la letrada del Ayuntamiento explicó en declaraciones a los periodistas que la decisión se fundamenta en que no ha sido posible acreditar el delito de administración desleal ni el perjuicio causado a Emalsa, algo que, según añadió, tampoco pudieron cuantificar los peritos judiciales de Godoy Auditores.

“A la luz de la prueba practicada no se ha podido acreditar ni cuantificar el perjuicio” a las arcas públicas, “ni siquiera por los peritos judiciales” (de Godoy Auditores y Consultores), explicó a la salida de la vista la abogada que representó a la corporación local.

Emalsa es una sociedad mixta encargada de gestionar el ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria, participada por el Ayuntamiento, la empresa Nuinsa y la multinacional francesa SAUR, y la presidencia de su Consejo de Administración recae en la alcaldía de la ciudad.

El Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria ha ejercido la acusación particular en esta causa. En su escrito de calificación, acusaba a doce de los quince procesados. Dejaba fuera a Juan Miguel Sanjuán, José Julio Artiles y Pedro José Higuera, todos ellos vinculados con Satocan, la constructora propietaria del edificio donde se ubica la sede de la compañía mixta de aguas.

En el año 2015, con Juan José Cardona (PP) como alcalde, el Ayuntamiento y Satocan firmaron un acuerdo transaccional (homologado judicialmente) por el que la constructora aceptaba una reducción del precio del alquiler que hasta ese momento pagaba por esa sede (de los 75.000 a los 60.000 euros al mes). A cambio, la administración se comprometía a no ejercer ninguna acción judicial contra la empresa.

Fue el propio Cardona quien presentó en 2012 ante la Fiscalía la denuncia original del caso Emalsa, confeccionada con recortes de prensa. Durante su declaración como testigo en el juicio, el entonces alcalde, ahora en Coalición Canaria (CC), dijo no recordar “de qué fuente bebió” para cuantificar el perjuicio a Emalsa entre ocho y diez millones de euros.

En su escrito de calificación, la acusación particular ejercida por los servicios jurídicos municipales cuantificaban en 11 millones de euros el perjuicio económico a Emalsa (sociedad mixta en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene el 34% de las participaciones y los socios privados, el 66% restante). Y solicitaba una pena de cuatro años de cárcel para doce procesados: Pablo Abril-Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, José Luis Pérez Talavera, Jesús Blanco García, Guy Christian Fournier, Pierre Jose Claude, Oliver Brousse, Rafael González Bravo de Laguna y Alfonso Ignacio López Díaz de Tudanca.

Sin embargo, este miércoles, en la novena sesión del juicio, ha decidido retirar las acusaciones contra todos ellos por considerar que, tras las declaraciones de acusados, testigos y peritos, no ha quedado acreditado que ocasionaran un quebranto a las arcas del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos municipales han estado representados en el juicio por varios abogados que apenas han participado durante los interrogatorios.