La “decisiva” conexión canaria en la trama Kokorev: una venta ficticia de yates para camuflar buques de guerra

“Decisiva e imprescindible”. Con estos adjetivos califica la Fiscalía Anticorrupción la participación del abogado canario Juan Arencibia en el diseño del entramado societario que, según el Ministerio Público, permitió a la red liderada por el empresario y profesor de historia Vladimir Kokorev blanquear los fondos obtenidos a través de la contratación “corrupta y clandestina” con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. 

Un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se tramita la causa desde hace doce años, señala al conocido asesor como el responsable de “ejecutar el mecanismo financiero en el extranjero” para recoger las comisiones presuntamente obtenidas del tráfico de armas y material militar de doble uso con el país centroafricano e introducir esos fondos en el circuito legal de manera que los beneficiarios de la trama pudieran disponer de ellos bajo una apariencia de legalidad. 

La Fiscalía explica que Arencibia fue contactado por Kokorev en 2004 por sus conocimientos como gestor de patrimonios y que el abogado aportó “elementos esenciales” para lograr “desvincular el ilícito origen del dinero”, un propósito que “no era fácil de obtener por sí solo” para el ciudadano de origen ruso afincado en la capital grancanaria. El asesor financiero facilitó sus cuentas en Suiza y algunas de sus originarias sociedades en las denominadas Antillas Neerlandesas, por entonces aún consideradas paraísos fiscales, para canalizar “ingresos millonarios”. Además intervino, siempre según el relato contenido en el escrito de Anticorrupción, en la constitución, gestión y administración de empresas utilizadas para ocultar a los verdaderos titulares de los fondos sustraídos de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial con la connivencia de funcionarios y altos cargos militares, varios de ellos familiares del presidente de la República desde 1978, Teodoro Obiang. 

El informe detalla que una de estas operaciones, ejecutada a finales de 2005 y principios de 2006, permitió encubrir los 4,63 millones de dólares de la comisión que Vladimir Kokorev habría obtenido por la ejecución de un contrato militar suscrito con Luciano Esono, director del gabinete militar del presidente guineano, para la adquisición de dos corbetas y dos helicópteros de combate para las Fuerzas Armadas de la república centroafricana por 23,8 millones de dólares. Días después de recibir el 50% del importe de ese contrato, la mercantil SJ Marine, propiedad de Kokorev, transfirió a la cuenta en Suiza de Xing Holding, sociedad de Juan Arencibia, esos 4,63 millones de dólares bajo el “falaz concepto” de construcción y venta de dos yates M50 de la empresa de la que era titular el abogado canario. 

En la transferencia ordenada desde la cuenta del Gobierno guineano en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York a favor de la empresa SJ Marine figuraba como concepto “Pago de 50% por construcción de dos yates de 49,9 metros”, cuando en realidad se trató de la construcción de dos corbetas militares nombradas como Cabo San Juan y Estuario Muni, relata en su escrito Javier Ródenas, que se hizo cargo de la investigación después de que Luis del Río, que había iniciado las pesquisas, fuera nombrado fiscal superior de Canarias. 

Apenas un mes después del “ficticio contrato” firmado entre las sociedades de Kokorev y Arencibia con la presunta intención de justificar la entrada de esos fondos en el circuito legal, este último transfirió desde la cuenta de Xing Holding algo más de un millón de euros a Trout Investment, la matriz del entramado en Panamá. Ese dinero se traspasó inmediatamente a Phase Investment, la empresa -representada por Julia Kokoreva, mujer de Vladimir- desde la que se realizaría la compra, cinco días después y por un importe de 1,94 millones de euros, de diez apartamentos en un complejo turístico situado en el municipio de Teguise, en el norte de la isla de Lanzarote.

Para la Fiscalía Anticorrupción, Arencibia facilitó a los Kokorev mediante estas maniobras “la impunidad en la disponibilidad de los fondos ilícitos”. En el sumario de la causa también figuran transferencias desde las cuentas en Suiza de las sociedades Codes Holding y Xing Holding, ambas propiedad del abogado, a las personales del matrimonio ruso. 

El nombre del asesor canario apareció en 2013 en la denominada lista Falciani, una relación de miles de potenciales evasores fiscales, precisamente por la cuenta en el HSBC Private Bank de Suiza de la empresa Xing Holding, que tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas. Arencibia fue juzgado en 2017 por ocultar la titularidad de esa cuenta en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2005 y 2006. Fue condenado en primera instancia por fraude fiscal a cuatro años de cárcel, una multa de cerca de 1,7 millones de euros y una indemnización de 865.000 euros a la Agencia Tributaria. 

Durante el juicio oral, celebrado en noviembre de 2017, el abogado y asesor financiero defendió que el verdadero titular de esa cuenta era Vladimir Kokorev, uno de sus clientes en el despacho Ernst & Young, en el que trabajó antes de fichar por Montero y Aramburu. “Es evidente que Kokorev recibe dos transferencias, pero no se acredita cuál es el origen del dinero de la cuenta corriente”, recoge la titular del Juzgado de lo Penal 6 de Las Palmas de Gran Canaria en una sentencia que considera probado que Arencibia era la única persona autorizada para operar y disponer de los fondos de esa cuenta corriente. El ciudadano ruso fue citado como testigo en ese procedimiento, pero se negó a declarar para evitar un eventual perjuicio en la causa abierta en su contra por sus vínculos con funcionarios y militares de alta graduación del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. 

Las hermanas como “parapetos”

Junto a Juan Arencibia figuran como investigadas en el caso Kokorev sus hermanas Margarita y María Luisa, quienes, sin ningún tipo de experiencia en gestión y administración empresarial, se convirtieron en las “caras visibles” de las sociedades pantalla creadas con el supuesto fin de ocultar las ilícitas ganancias obtenidas por la trama a través del tráfico de armas con el gobierno liderado por el dictador Teodoro Obiang. 

A juicio de la Fiscalía, ambas tenían conocimiento “del carácter meramente instrumental de las mercantiles creadas”, siendo “meros parapetos, meras personas interpuestas para dificultar y encubrir la verdadera titularidad y beneficiarios reales y efectivos del conjunto de operaciones financieras y societarias a canalizar por las mercantiles diseñadas por su hermano en connivencia con la familia Kokorev”. Margarita y María Luisa recibían una retribución mensual por su participación en esas sociedades que tenían como objetivo último convertir el dinero en patrimonio inmobiliario. 

Para el Ministerio Público, la participación de la familia Arencibia en los hechos presuntamente delictivos está acreditada por el “abundante material incautado” en los registros domiciliarios y su cotejo con la operativa bancaria analizada por los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria española.