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El exjuez Alba y su mujer, secretaria judicial, desvelan todos los datos de una víctima de violencia de género

Salvador Alba y su esposa, Teresa Lorenzo, a su llegada el 1 de julio de 2019 al Palacio de Justicia, en compañía de sus abogados.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Unas diligencias previas abiertas en un juzgado de Violencia contra la Mujer han sido aportadas por la esposa del exjuez corrupto Salvador Alba a la querella que ambos interpusieron contra el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. En esa querella, que ha dado lugar ya a la apertura de juicio oral entre otros por un delito de revelación de secretos, Teresa Lorenzo Establier, esposa de Alba, aportó un expediente judicial reservado sin anonimizar sacado del juzgado del que hasta hace unos meses ejercía como letrada de la Administración de Justicia, secretaria judicial, en la antigua denominación. Por lo tanto, ella era la responsable de la custodia de todas las causas abiertas en ese juzgado.

Con la aportación de esa causa, el matrimonio atribuía al periodista Carlos Sosa la comisión de un delito de odio por el que, de acuerdo con el decreto de apertura de juicio oral dictado por la jueza de Instrucción 27 de Madrid, se sentará en el banquillo en fecha aún por determinar. Curiosamente, el matrimonio también atribuye a Sosa un delito de revelación de secretos.

En un escrito complementario fechado el 1 de julio 2022, Teresa Lorenzo presenta como prueba esas diligencias reservadas para tratar de demostrar que supuestamente se vio obligada a cambiar de destino profesional por las publicaciones de este periódico respecto a su militancia y asunción de cargos directivos en el partido político Vox.

En la causa aportada por Lorenzo y Alba se pueden leer no solo la identidad y los detalles de los episodios de violencia sexual, física, psicológica y económica, así como amenazas de muerte sufridos por la denunciante, sino sus escritos de queja contra el juzgado por “indefensión”. La mujer solicitaba que se tomasen medidas por la “situación de vulnerabilidad” que estaba sufriendo en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria “por acción y omisión” de Teresa Lorenzo, que trabajaba en dicho juzgado especializado. Pedía que se investigara su actuación y se tomaran medidas disciplinarias. También extendía su queja a la actuación del juez del caso, titular de ese juzgado, Luis Ocaña, al que recusó. 

La mujer había denunciado en 2018 al que era su marido por violencia física, psicológica, sexual y económica. En su queja al Tribunal Superior de Justicia de Canarias destacaba que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria (donde trabajaba la esposa de Alba) no había practicado ninguna diligencia en dos años desde que puso la denuncia, tan solo dictó una orden de alejamiento. Además, hacía mención a que el abogado del demandado, Eduardo López Mendoza, parecía ser el único que “tenía la palabra en la causa” y mencionaba una relación de amistad entre este y el magistrado al frente del caso, Luis Ocaña, así como con la letrada Teresa Lorenzo, a la que acusaba de “actuación arbitraria e injusta”. 

Para probar la relación entre el abogado de su marido y la letrada de la Administración de Justicia, la denunciante del caso de violencia de género presentó como prueba una publicación de Canarias Ahora en la que se mostraba una fotografía publicada previamente por el periódico Canarias7 donde se podía ver a Teresa Lorenzo sentada junto a López Mendoza en la Ejecutiva de Vox de la provincia de Las Palmas. En dicha información además se recordó que Salvador Alba es amigo de este abogado. De hecho, en julio de 2019, durante el juicio por la conspiración contra Victoria Rosell, el exjuez corrupto y López Mendoza se fundieron en un sonoro abrazo a la vista de todos los presentes en la sala durante un receso. 

Es precisamente por la aportación de esa noticia con esa fotografía a esa queja oficial en lo que se basan Alba y Lorenzo para atribuir a Sosa un delito de odio.

La denunciante del caso de violencia de género, del que se constatan los pormenores porque es Teresa Lorenzo la que incorpora todos los documentos en la querella contra Carlos Sosa, incide en su queja en la relación de amistad entre el juez Ocaña y el abogado Mendoza. De hecho, llega a recusarlo y el propio magistrado contesta por escrito que “nada tiene que oponer a la recusación planteada”(...) “por entender que mi relación de amistad con el letrado del investigado no es compatible con la imparcialidad necesaria para la tramitación del presente proceso”. La Audiencia Provincial, sin embargo, alegó para denegar la recusación que la relación de amistad entre el juez y el letrado no es una de las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el abogado López Mendoza había negado la existencia de dicha amistad en su escrito de oposición a la recusación. “¿Quién miente de los dos?” se pregunta la denunciante. 

Sobre este caso, debido a su incorporación en la querella presentada por el juez que cumple prisión y su mujer, se pueden conocer detalles como los nombres completos de la denunciante y del denunciado, cuestiones médicas de los hijos del matrimonio, la dirección, el DNI o el número de pasaporte del denunciado, el correo electrónico de la denunciante, su teléfono, su dirección, detalles de las familias, cuestiones económicas, empresas vinculadas o datos delicados de la denuncia como información sobre los informes médicos que presentó la denunciante para alegar que había sufrido violencia sexual… 

Sobre estos hechos este periódico ha preguntado al abogado de Teresa Lorenzo y Salvador Alba, Jorge Rodríguez, que ha respondido: “No sé de qué me habla señorita, no sé de qué me habla”. Y ha añadido: “No lo recuerdo, además me coge usted en el juzgado y estoy a punto de entrar en un juicio y no puedo hablarle de memoria ni tengo el expediente delante”. 

Rodríguez es un histórico del Partido Popular en Canarias. Entre 1995 y 2003 fue concejal de Urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria, cuando José Manuel Soria era alcalde de la ciudad. Dimitió de su cargo  al descubrirse que desde su concejalía benefició a una empresa cuya titular era una mujer de su círculo más íntimo. Más tarde, fue diputado en el Parlamento de Canarias y nombrado portavoz económico del PP. También de ese cargo se vio obligado a dimitir cuando Canarias Ahora publicó que había actuado como intermediario de una empresa madrileña ante varios ayuntamientos canarios para facilitar concursos públicos a partir de los cuales construir y gestionar viviendas de protección oficial mediante supuestas cooperativas. El abogado fue procesado pero resultó absuelto al entender el tribunal que el tráfico de influencias del que estaba acusado no había quedado suficientemente probado.

En los hechos probados de esa sentencia se podía leer que Rodríguez violentó en 2006 la dedicación exclusiva que tenía declarada en el Parlamento regional para defender los intereses del empresario Antón Marín, dueño de Grupo Europa, introducirlo en ayuntamientos gobernados por el PP y cobrar por hacerlo al menos 64.000 euros. Cuando se descubrió su participación en los hechos, en 2007, Rodríguez Pérez dimitió e interpuso una querella contra Canarias Ahora y dos de sus periodistas, que fue finalmente sobreseída y el abogado regresó a la política activa después de conseguir su sentencia absolutoria.

Rodríguez Optó como candidato del PP a la junta de control de RTVC. También fue senador y vicesecretario de Estudios y Programas de ese partido en Canarias. Además, consiguió una plaza como magistrado suplente vulnerando la norma que impide optar a dicha plaza en un tribunal ante el que el candidato haya actuado como abogado los dos últimos años. El exsenador representó al PP y al Grupo Popular en una demanda laboral de un trabajador despedido mientras se tramitaba su petición. Después de haber publicado su designación, Rodríguez renunció a su elección.

“Soy víctima ante un juzgado ”manejado“ por personas que niegan esta violencia” 

El caso fue inicialmente sobreseído por el juez Luis Ocaña pese a que la denunciante alertó de numerosas irregularidades como dilaciones en el proceso, que el abogado López Mendoza solicitara constantemente la suspensión del procedimiento, que no se proveyeran los escritos presentados por su abogado, que la declaración del investigado “no fue grabada”... Entre esas irregularidades, denunció que el abogado de su marido indicó al juzgado los días que le venían bien para practicar las declaraciones e “inmediatamente” la letrada Teresa Lorenzo “sin dar traslado o consultar a mi abogado y sabiendo que el mismo se tiene que trasladar desde Madrid a Las Palmas de Gran Canaria para acudir a las declaraciones, dicta una diligencia por la que se fijó directamente… uno de los días que el letrado del investigado indicó que le venía bien, sin ninguna oportunidad de igualdad de partes para mi abogado”. 

La denunciante además alertó de que no se valoraron las grabaciones que presentó con el objetivo de probar que su marido le decía “que si no firmas, vas a estar muerta”. En el auto de sobreseimiento provisional de la causa, el juez Ocaña subraya que “cierto es que existe en la causa una grabación de audio en la cual parece ser que se escucha al investigado decir a su pareja y denunciante: ”si no firmas vas a estar muerta“; como tiene bien declarado la jurisprudencia el delito de amenazas es un delito circunstancial en el que resulta determinante el contexto; en el presente caso, según consta en autos, la conversación de la que dimanan las palabras reseñadas trata sobre una hipoteca, por tanto resulta cuanto menos temerario afirmar que la intención de quien pronunció tales palabras era inequívocamente amedrentar en este caso a la denunciante con quitarle la vida pues cabe perfectamente que la intención fuera otra, por ejemplo indicarle que ella pasaría dificultades económicas de no firmar ese documento pero en ningún caso matarla”. 

Frente a ese auto se interpuso recurso. La denunciante además alegó sentirse “desamparada” dentro de un tribunal especializado en violencia sobre la mujer, puesto que “el procedimiento lleva abierto dos años sin que haya avanzado lo más mínimo”. Según denunció, “el juez no provee de los escritos de mi abogado y dicta un sobreseimiento provisional sin practicar diligencias. La letrada de la Administración de Justicia, Teresa Lorenzo, también amiga del letrado del investigado, Eduardo López Mendoza, que a su vez es amigo íntimo del marido de ésta, Salvador Alba… formó junto a dicho letrado parte de la Ejecutiva de Vox en Las Palmas y, además, el referido letrado hace todo lo posible para entorpecer y retrasar por todos los medios el procedimiento. Es decir, soy la víctima dentro de un procedimiento seguido ante un juzgado de Violencia sobre la Mujer ”manejado“ por personas que niegan la existencia de dicha violencia”. 

El abogado del hombre investigado por violencia de género se permitió incluso hacer constar en un escrito dirigido al juzgado, en respuesta a otro de la víctima, consideraciones como la siguiente: la denunciante “percibe (por su mera condición de ex esposa) según la reseñada escritura la suma de cuatro mil euros (sí, 4.000.00 €) mensuales [...] por poco más de ocho años de matrimonio, Santana, apellido ficticio, (que de contrario se pretende una paria de la tierra, miembro -o miembra, a su decir- de una famélica legión, próxima a la indigencia en suma) [...] Este humilde Letrado desearía ser asfixiado económicamente de forma análoga a la. Sra Santana o incluso, con mayor  intensidad, crueldad y saña suficiente”. Así consta en la denuncia de 18 folios presentada por la víctima ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para quejarse de la indefensión que durante varios años sufrió en el Juzgado.

Salvador Alba, esposo de la letrada de la Administración de Justicia que entonces ejercía en ese órgano, calificó de “tribunal de excepción” a los juzgado de Violencia sobre la Mujer. En una entrevista en El País en el año 2005 llegó a explicar los motivos que le condujeron a interponer cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según dijo, esa ley del Gobierno de Zapatero discrimina a los hombres, y ha sido ese precisamente uno de los argumentos más utilizados por Vox para atacar a los movimientos feministas y a las leyes de igualdad.

Teresa Lorenzo se siente perseguida por su ideología 

Tras recibir en 2020 la queja de la denunciante de este caso contra su actuación, Teresa Lorenzo elabora un informe en el que arremete contra las afirmaciones recogidas en la queja porque “es una absoluta falta de respeto a las instituciones, a la Justicia y a mi persona” y las tacha de “temeridad”. La letrada recoge que en la denuncia se afirma que “hasta el momento solo se han favorecido los intereses del maltratador” y considera que decir esto es “extraordinariamente grave” pues “acusa por escrito y ante mi superior jerárquico que tanto el magistrado como esta letrada han dictado resoluciones injustas y arbitrarias para favorecer a una de las partes, lo que implicaría acusar a esta letrada de un delito de prevaricación y debería dar lugar a deducir testimonio con inmediata remisión a la Fiscalía Provincial de Las Palmas por si estos hechos fueran constitutivos de delito contra la Administración de Justicia …” 

Teresa Lorenzo agregaba que “si bien es legítimo formular quejas por retrasos o inactividad en un procedimiento, no lo es tratar de modificar la actuación de los operadores jurídicos con falsas implicaciones y gravísimas acusaciones”. Así mismo, añadió que quería dejar claro que “ningún vínculo de amistad” la une con “ninguno de los dos letrados personados en este procedimiento, por mucho que insista la denunciante en esta cuestión” que “de ser cierta, no constituirá causa de abstención de clase alguna a tenor de lo dispuesto en el artículo 219 de la LOPJ”. También agrega que “todas las diligencias practicadas están debidamente documentadas”. 

La esposa de Alba además arremete contra Canarias Ahora asegurando que aportar una noticia de este periódico es “poco aval para tan gravísima aseveración”. Además, defiende que “jamás” ha formado parte de “ningún acto de fundación de ningún partido político” y que tampoco ha formado parte “de la directiva de ningún partido político”. “Si mi marido es o no amigo de un letrado o si esta letrada tiene o no una determinada ideología, en modo alguno puede constituir infracción de ninguna clase, a salvo, claro está, el derecho constitucional de esta letrada a perseguir judicialmente y ejercitar cuantas acciones me asisten por las falaces afirmaciones realizadas por la denunciante que más parecen una persecución por una determinada ideología que una denuncia por irregularidades en el proceso”. 

Lorenzo ve “delirante” sugerir una determinada inclinación política suya y recuerda que goza de “libertad ideológica”. “Como si una determinada orientación ideológica determinara mi intervención en este procedimiento”, afea. La letrada defiende que su intervención se “ajusta a la legalidad” y que no es “de recibo” sugerir amistades “no ya con las partes sino con un letrado de una de las partes, lo que es ridículo y falso” a la vez que insiste en que no se ha producido trato de favor. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluyó en agosto de 2020 el archivo de la queja contra Teresa Lorenzo al no apreciar “materia disciplinaria susceptible de incoación”. 

Teresa Lorenzo acabó abandonando voluntariamente su puesto en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 concursando a otro destino dentro de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

La causa contra el hombre al que defiende el abogado Eduardo López Mendoza continúa tramitándose en el mismo órgano judicial pero con el juez titular, Luis Ocaña, apartado de la misma tras haberse aceptado finalmente su abstención.

Una jueza asume los postulados de Alba y su mujer

A pesar del criterio contrario de la Fiscalía, una jueza de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el periodista Carlos Sosa por las informaciones publicadas en su periódico, Canarias Ahora, sobre el exjuez corrupto, que fue condenado a seis años y medio de cárcel. Según declaró probado el Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

La jueza de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y de su esposa, Teresa Lorenzo, y exige al periodista una fianza de 422.500 euros. En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por delitos de odio, acoso y revelación de secretos. Por su parte, la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”, señala el Ministerio Público. 

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