El interventor del Cabildo de Gran Canaria, su esposa y tres personas más, detenidas por la denuncia de un funcionario
El interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, y cuatro personas más han sido detenidas este miércoles en el marco de una operación originada tras la denuncia de un funcionario de esa Corporación que apreció irregularidades en las ayudas recibidas por unas jornadas sobre el paisaje celebradas entre los años 2016 y 2019, que en total supusieron para la Corporación un desembolso de 40.000 euros.
Además de Sánchez Arencibia han sido detenidas su esposa, la periodista Ángeles Horna, propietaria de la agencia de comunicación Imaco 89; el jefe de prensa de la Corporación, Michel Jorge Millares, quien fuera organizador de las jornadas investigadas; el funcionario del Cabildo Víctor Quevedo, arquitecto y director de la Oficina del Plan Insular de Gran Canaria, y la periodista Mónica Torres, que dirigió la comunicación de esas jornadas.
La Policía ha confirmado a este periódico que se han realizado tres registros, algunos domiciliarios (en el caso de Sánchez Arencibia y Michel Jorge Millares) y el tercero en oficinas del Cabildo, en Las Palmas de Gran Canaria. Y también ha confiscado por orden judicial los teléfonos móviles de los investigados, por lo que ha sido imposible recabar su versión.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado que las detenciones tenían como fin evitar que los investigados ocultaran información o interfirieran de algún modo en los registros. Cinco ya han quedado en libertad, a los cuales se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento.
El interventor es el único que permanece detenido y debe pasar la noche en sede policial, ya que por cuestiones técnicas, uno de los registros que le afectaba no se ha podido practicar este miércoles, por lo que se llevará a cabo este 28 de abril y después quedará en libertad, según el TSJC.
La causa, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria, está declara secreta, pero se sabe que gira alrededor de unas jornadas sobre el paisaje de la isla que organizó entre 2016 y 2019 Michel Jorge Millares, que entonces no era jefe de prensa de la Corporación, sino un activo ambientalista. Jorge Millares es uno de los históricos fundadores e impulsores de la Asociación Canaria de Defensa de la Naturaleza (Ascan).
Para esas cuatro jornadas, el Cabildo concedió subvenciones que sumaron unos 40.000 euros, entre 14.000 y 19.000 euros por edición.
A los investigados se les imputan presuntos delitos como malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida a funcionario público.
La denuncia que ha dado lugar a esta causa fue presentada hace varios años por un funcionario del Cabildo llamado Rafael Ramírez. Durante el mandato 2007-2008, bajo la presidencia del socialista José Miguel Pérez, el mismo funcionario presentó una denuncia por la gestión de los centros de menores que, tras varios años de instrucción, quedó en nada. En aquella ocasión fueron investigados Pedro Quevedo (hoy diputado de Nueva Canarias) y el director de gobierno de Asuntos Sociales, Antonio Gil.
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