Se jubila la magistrada del TSJ de Canarias Margarita Varona y le sustituye el polémico Antonio Doreste

La magistrada Margarita Varona Faus ha decidido no agotar la prerrogativa de los jueces de alcanzar los 72 años ejerciendo y desde el pasado 23 de diciembre ha pasado a ser una persona jubilada. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado de esa fecha, que se remite a un acuerdo de 30 de septiembre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha decidido asimismo que le sustituya en su puesto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el último presidente de ese órgano, el polémico Antonio Doreste Armas.

La última instrucción de importancia que dirigió Varona al frente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC fue la del todavía juez (suspendido, pero cobrando del Ministerio de Justicia) Salvador Alba Mesa en una investigación que comenzó en 2016 y que acabó en juicio tres años después. La magistrada se mantuvo firme a pesar de las presiones de las que fue objeto durante la investigación, entre otras una recusación por parte del investigado, que también la llegó a denunciar ante la comisión disciplinaria del CGPJ, e interpuso contra ella una querella. Todas las acciones fracasaron.

A su vez, el magistrado que ahora le sustituye en esa sala, Antonio Doreste, que presidía por entonces el TSJC, protagonizó algunos sucesos poco edificantes, como una reunión clandestina en los garajes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con el juez Alba justo en los momentos de más tensión en la investigación. Alba grabó esa conversación de modo subrepticio y la filtró a la prensa para que se conocieran los consejos que Doreste le daba para que retirara una denuncia que había formulado contra otro magistrado, Carlos Vielba, y contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, después de que el primero de ellos intercediera para tratar de dejar sin efecto una de las pruebas principales que a la postre supusieron la condena del juez.

Todas las maniobras, grabaciones, querellas, quejas y denuncias de Salvador Alba Mesa no impidieron que el TSJC lo condenara en septiembre de 2019 a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por tres delitos: prevaricación, falsedad y cohecho. La sentencia fue ratificada dos años después, el 17 de noviembre pasado, por el Tribunal Supremo, que tuvo que contestar posteriormente una petición de aclaración de esa sentencia a petición del abogado del condenado. Pero casi dos meses después de que se ratificara la condena, Salvador Alba sigue cobrando como juez en suspenso, continúa en libertad y no ha tenido que hacer frente a ninguno de los contenidos de la condena.

A la misma magistrada le tocó previamente asumir la querella que José Manuel Soria interpuso ante el Tribunal Supremo contra Victoria Rosell, jueza en excedencia y entonces diputada de Podemos en el Congreso. La querella, firmada sorprendentemente por el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, había sido admitida a trámite por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, animado por los informes (luego demostrados falsos) que le remitía el juez Salvador Alba. Varona tardó pocos meses en archivar aquella causa a la vez que abría otra, con numeración correlativa (DP 10/2016) contra el juez ahora declarado formalmente delincuente. Eligio Hernández ni siquiera se presentó a los interrogatorios.

Margarita Varona también investigó al exministro José Manuel Soria por el llamado caso Salmón, un viaje en un jet privado de un empresario noruego ya fallecido, Bjorn Lyng, justo en el momento en el que éste tramitaba una autorización para la construcción de una urbanización turística de lujo de más de 3.000 camas en el barranco de Taurito (Gran Canaria). Soria era entonces -año 2009- el presidente del Cabildo grancanario y del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, dos instituciones que debían pronunciarse favorablemente para que la autorización prosperara, como así ocurrió finalmente.

La magistrada archivó aquellas diligencias al entender que el avión privado de Lyng en el que Soria y su esposa volaron finalmente a Noruega para la pesca del salmón y a Austria para un concierto de música clásica hubiera volado igualmente con el mismo itinerario, pero solo con el matrimonio propietario como pasajeros. Del mismo modo la magistrada consideró significativo que Soria no presidiera la junta de gobierno del Cabildo ni participara en la votación parlamentaria en la que se dio vía libre a la urbanización, en ambos casos con los votos favorables del partido que presidía entonces. 

De Varona es también la ponencia de la sentencia del TSJC que en 2017 abordó la polémica licencia de actividad a la bodega lanzaroteña Stratvs, propiedad del poderoso empresario Juan Francisco Rosa, que resultó absuelto en una sonada sentencia que contó con un amplísimo y muy prolijo voto particular del presidente del tribunal, otra vez Antonio Doreste Armas, experto en Derecho laboral, que llamó poderosamente la atención por su sofisticación a los más reputados expertos penalistas del país. Varona, con el apoyo de la otra magistrada que formaba tribunal, Carla Vallejo, condenó a la por entonces alcaldesa de Yaiza, a su junta de gobierno y a varios técnicos. Doreste fue partidario de la absolución de los diez acusados.

En el acuerdo del CGPJ que aprueba la jubilación anticipada de Margarita Varona se incluye el agradecimiento “a la citada magistrada la labor jurisdiccional desarrollada, el esfuerzo y dedicación empleados en dicha labor, así como la profesionalidad, eficacia y lealtad institucional demostrada”.

La sustituye Antonio Doreste, el primer presidente del TSJC que se ha tenido que conformar con un solo mandato ante la evidencia de que no iba a ser respaldado para repetir.