El juez que maquinó contra Victoria Rosell denuncia ante el Poder Judicial a la magistrada que lo investiga en el TSJC

Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos al maniobrar para perjudicar la carrera política y profesional de la también jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, se ha propuesto apartar de forma definitiva de la causa a Margarita Varona, designada instructora tras la apertura de las diligencias en mayo de 2016. Con este objetivo, Alba ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que sostiene que la magistrada del TSJC pudo haber incurrido en una infracción disciplinaria al haber practicado actuaciones pese a haber sido recusada en un incidente promovido por él mismo.

Desde el órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Canarias Ahora que el juez presentó el escrito el pasado lunes y que ya lo está tramitando el promotor interino de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, sustituto de Antonio Jesús Fonseca, quien dimitió el pasado 23 de mayo, apenas una semana después de proponer la expulsión de Alba de la carrera judicial, alegando “motivos personales”.

Las mismas fuentes precisan que las actuaciones se encuentran en una fase muy inicial, que se han solicitado informes al juzgado y que ahora el promotor deberá realizar una primera valoración para determinar si abre diligencias o archiva la denuncia presentada por el juez investigado.

No es el único frente que mantiene abierto la defensa de Alba, que sigue ganando tiempo (ya ha presentado más de una treintena de recursos e incidentes) para intentar retrasar su expulsión de la judicatura, una decisión que está paralizada en el órgano de gobierno de los jueces a expensas de que el TSJC decida abrir juicio oral contra el magistrado y de que el auto sea firme. Los esfuerzos de Alba y de su abogado, Nicolás González-Cuéllar (letrado también del exministro de Industria José Manuel Soria), se centran ahora en propiciar un cambio de instructor en el TSJC.

Para ello presentaron, también en mayo, un incidente de recusación contra Margarita Varona. Argumentaban, en síntesis, que la instructora tenía “interés directo o indirecto” en la personación de Victoria Rosell como acusación particular en la causa y además una “predisposición” en contra de Alba que habría manifestado, según el relato del juez, al haber aceptado la tesis de que uno de sus informes había resultado crucial para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella presentada por el exministro Soria contra la exdiputada de Podemos, finalmente archivada por Varona.

Los argumentos de Alba fueron rebatidos no sólo por la propia instructora, sino también por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, que remitió a la Sala de lo Penal del TSJC un informe que censuraba las “desvariadas ideas” del juez y su “evidente ánimo” de dilatar la causa y de apartar a Varona cuando las diligencias estaban prácticamente finalizadas para tratar de escoger “un magistrado a conveniencia”, en lo que calificó como un “abuso de derecho”.

Con esta dura oposición del Ministerio Público, el magistrado encargado de resolver el incidente de recusación planteado, César García Otero, rechazó de plano las pretensiones de Alba y puso de manifiesto la “falta de concordancia” entre el relato del juez y la veracidad de los hechos.

Sin embargo, después del parón judicial de agosto, Alba ha visto cómo la Fiscalía le ha dado la razón en su último recurso y ha obligado a Varona a volver a apartarse temporalmente de la instrucción. Su sustituto es Ricardo Moyano, que ya la reemplazó en junio. Sostiene Alba, y comparte el Ministerio Público, que la magistrada no debió retomar la causa y practicar diligencias hasta que la inadminisión de la recusación no fuera firme, es decir, hasta que el TSJC se pronunciara sobre una aclaración que había cursado sobre el auto dictado por César García Otero. Los mismos motivos, en definitiva, que ha esgrimido para denunciar a la instructora ante el Poder Judicial.

Ya se han cumplido 16 meses del inicio de las diligencias en el alto tribunal canario contra Salvador Alba y casi cinco desde que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ concluyera el expediente abierto al juez con una propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias.

En esa propuesta, Antonio Jesús Fonseca consideraba acreditado que Alba, que se había hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell cuando la jueza decidió presentarse a las generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos, mantuvo el 16 de marzo de 2016 una reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba en una causa por presunto fraude fiscal, y le citó días después para tomarle declaración no sobre los hechos objeto del procedimiento, “sino para procurar la incorporación de hechos totalmente ajenos al mismo y con una finalidad impropia de las diligencias previas que instruía, como poner en duda la actuación de la anterior instructora”.

La declaración de Ramírez en sede judicial pretendía, según el entonces promotor de la Acción Disciplinaria, “facilitar o provocar una futura nulidad de actuaciones” en la causa contra el empresario u “obtener datos con posible relevancia” en la querella que Soria había interpuesto contra Rosell en el Supremo.

Con esa propuesta de expulsión paralizada hasta que se resuelva la causa penal, Alba sigue ejerciendo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y en octubre presidirá el juicio por el caso Faycán, una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde que implica a cerca de treinta imputados entre funcionarios del Ayuntamiento, empresarios y políticos, incluidos dos exalcaldes del Partido Popular.

Para intentar paralizar también el expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial, Alba llegó incluso a demandar por intromisión en el derecho al honor al magistrado que se ocupaba entonces las tareas de promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca, con su correspondiente recusación posterior, lo que desembocó igualmente en un retraso en la tramitación. La recusación no prosperó.