El Colegio de Abogados denuncia por ilegal un registro ordenado por el juez Alba
El magistrado Salvador Alba Mesa, sustituto voluntario de la jueza Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria hasta este martes, ha dejado el órgano judicial sin tomar una resolución sobre la nulidad de una entrada y registro a un despacho de abogados de Las Palmas de Gran Canaria.
La patada en la puerta de la comitiva del juez Alba se produjo en febrero pasado, con los titulares del despacho ausentes, en una investigación judicial a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Provincial por unos presuntos amaños en el concurso de acreedores de la conocida empresa canaria Maquinarias Paco SL.
Hasta su marcha del juzgado este martes, Alba dirigía esta investigación, que según La Provincia acusa a dos abogados canarios de presuntos cobros ilegales en su calidad de administradores concursales de la mercantil ya en liquidación.
Sin embargo, según ha podido saber Canarias Ahora, los abogados Daniel Bosch y Javier Rodríguez contaban con la expresa autorización del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria para cobrar esas cantidades como honorarios, según las tasaciones fijadas en relación a la masa acreedora de las concursadas.
Así figura en sendos autos del titular de Mercantil 1 en 2010, Jesús Alemany, en los que dejó establecida la retribución de cada uno de los administradores en 141.159, 41 euros, en el caso de Maquinarias Paco SL, y en 22.120, 26 euros en el de Alquiler de Maquinarias Paco SL, también integrada en el mismo concurso 73/2009.
A pesar de contar con la cobertura legal de estos dos autos de diciembre de 2010, una denuncia ante la Fiscalía de la empresa competidora Maquinarias Opein dio pie a la investigación penal asumida por el juez Alba, de la que se ha hecho eco el rotativo grancanario, y cuya acción de mayor calado fue la entrada y registro en apariencia ilegal en el despacho de Bosch y de su socia, Silvia Armas, sin que esta otra letrada tenga nada que ver con el concurso bajo investigación.
La medida ha sido recurrida ante el juez instructor por parte del abogado de los letrados afectados, Luis Val, que solicita la nulidad de la entrada y registro. Hasta la fecha el juez Alba no había notificado resolución alguna en uno u otro sentido.
Al respecto, el Colegio de Abogados de Las Palmas ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital [órgano judicial originario de la causa] una queja formal por la forma en que se efectuó el registro.
La institución colegiada de la Abogacía en la provincia ha concedido a los dos letrados el amparo que solicitaron, dado que entiende que se han conculcado los derechos de sus profesionales sin respetar las normas elementales en estos casos.
La polémica medida, también desproporcionada en su fondo a juicio de los letrados afectados, que reclaman su nulidad, se produjo “sin haberse llevado a cabo la más mínima diligencia de su localización [a los titulares del despacho]”.
Es decir, el día de autos, la comitiva formada por miembros de Hacienda, la Seguridad Social, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la secretaria judicial, decidió “derribar la puerta sin previa comunicación” a la parte afectada, ni siquiera a través del Colegio de Abogados.
No hubo, por tanto, un mínimo intento de comunicación con los letrados para que se personaran en su despacho, sino que se recurrió a que dos testigos –un vecino del inmueble y una camarera de un local de la calle donde está el despacho- figuraran en el momento de la patada en la puerta para dar fe de lo ocurrido.
El Colegio de Abogados, en su Junta de Gobierno del pasado 11 de abril, ha tildado estos hechos de vulneración de “los derechos de libertad, independencia y prestigio profesional” de estos letrados, a quienes ha concedido su amparo.
El fondo de la cuestión, si se actuó de manera ilegal y por tanto es nula esa entrada y registro al despacho, es lo que queda pendiente de resolver por parte del juzgado instructor, mientras continúa abierta la investigación penal de un concurso ya en fase de liquidación, del que los administradores concursales aún no han cobrado lo que por tasación del Juzgado de lo Mercantil les corresponde.
