La Justicia libera a los migrantes acusados de organizar un motín en Las Raíces tras ocho meses en prisión

La Justicia ha puesto en libertad a las cuatro personas acusadas de organizar un motín en el campamento para migrantes de Las Raíces, en Tenerife. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife impuso a los cuatro investigados penas inferiores a un año de prisión por desorden público y, en el caso de uno de ellos, también por tres delitos leves de lesiones. Todos ellos han pasado ocho meses en la cárcel a la espera de la sentencia, ya que ingresaron en prisión provisional y sin fianza desde que tuvieron lugar los hechos el pasado 27 de abril.

Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de noviembre, la Fiscalía rebajó la pena exigida para los cuatro acusados, pasando de reclamar once años de prisión para cada uno a pedir siete para tres de ellos y cuatro para otro.

Tres vigilantes de este recurso de acogida denunciaron que el 27 de abril se produjo una avalancha en la zona de las duchas de este recurso de acogida instalado en La Laguna. Entonces, uno de los acusados aprovechó para agredir a una de las agentes de seguridad y los demás para amenazar a otros seguritas con cuchillas de afeitar, navajas y palos con cuchillas incrustadas en la punta.

Trabajadores de la ONG Accem, contratada por el Ministerio de Migraciones para gestionar el establecimiento, declararon en la primera sesión del juicio que los migrantes utilizaban las cuchillas “para autolesionarse”, no para agredir. Uno de los empleados hizo referencia al contexto de ''frustración'' en el que se encontraban las personas en ese entonces. Muchos de ellos habían pasado por el campamento precario de Arguineguín y convivían hasta 1.500 personas bajo las carpas de Las Raíces. Esta situación de estrés les conducía a autolesionarse ''para relajarse y no exteriorizar su frustración con otras personas''. Una de las psicólogas del recurso añadió que uno de los acusados no estuvo siquiera presente en el motín, ya que cuando tuvo lugar estaba con ella intentando tranquilizarse tras sufrir una crisis de ansiedad.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional, que se trasladaron al campamento el día de los hechos, declararon que encontraron en el recurso una situación ''de descontrol e inseguridad'' y que ''sintieron miedo''.

La sentencia recoge como hechos probados que ''los acusados, junto a otros muchos usuarios del centro, se agolparon de forma tumultuaria en la entrada del edificio [...] exhibiendo cuchillas de afeitar y objetos, teniendo los vigilantes de seguridad que desplegar un perímetro de seguridad en torno al edificio para impedir que los acusados y el resto de usuarios consiguieran entrar en él''.

En el juicio, Accem tildó de ''sobredimensionado'' el cordón de seguridad que los agentes formaron en el establecimiento porque ''en ningún momento la actitud fue atacante''.

El fallo también describe que uno de los acusados se acercó a una vigilante de seguridad mientras hacía cola para ducharse. El joven no tenía la mascarilla, por lo que la agente lo apartó y él aprovechó para ''escupir y gritar jaleando a sus compañeros con ánimo de menoscabar la integridad física'' de la trabajadora. Según el documento, él llegó a tirarla al suelo pisándola hasta pasar por encima. El mismo acusado, según los hechos probados, golpeó a los otros dos vigilantes que denunciaron.

Miembros de la ONG reconocieron que muchos migrantes sentían impaciencia por acceder a las duchas porque el agua caliente dura muy poco en este centro, a pesar de estar situado en uno de los puntos más fríos de Tenerife.

El derecho a la dignidad

Uno de los médicos que declaró como testigo en el juicio explicó que los dolores y molestias que los vigilantes presentaron en diferentes partes del cuerpo eran compatibles con haber recibido golpes, pero también podrían ser ''un sobreesfuerzo'' en las maniobras de retención e inmovilización de una persona. En esta línea, las defensas criticaron en la segunda sesión del juicio al Ministerio Fiscal por el ''esfuerzo sobrehumano'' de intentar convertir una ''actuación irregular'' por parte de unos vigilantes de seguridad ''en algo casi tan grave como un homicidio''.

Asimismo, tal y como recogió Efe, as abogadas tildaron de ''vergüenza en un estado de derecho'' que sus clientes estuvieran en el banquillo por unos hechos donde solo se vulneró el derecho a la dignidad al tratar los seguritas a uno de ellos como ''un animal''. Fuentes de la defensa han asegurado que recurrirán la sentencia.