Nuevo retraso en el juicio del caso de La Bufona, que afecta a la vivienda de la alcaldesa de Arrecife

Nuevo retraso en el juicio del caso de La Bufona, que juzga a los promotores de la urbanización del mismo nombre construida en parte en suelo rústico a las afueras de Arrecife y sobre terrenos que no eran de su titularidad. El inicio de la vista estaba fijado para este lunes. Sin embargo, tal y como recoge Diario de Lanzarote, el Juzgado de lo Penal 3 de la capital lanzaroteña decidió suspenderlo al no haber sido citados dos abogados de oficio que representan a otros tantos propietarios de viviendas. Tampoco a todos los dueños, que figuran en la causa como responsables civiles subsidiarios.

Según informa ese juzgado a través de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el juicio tampoco se va a reanudar el próximo 16 de enero, como estaba inicialmente previsto, sino que lo hará, como mínimo, a partir de abril. Para ello, se le ha dado traslado a las partes para que informen en qué fecha les vendría bien sin romper la continencia de la causa. Las actuaciones se extienden a lo largo de 22 tomos y los letrados de oficio que acaban de asumir la representación de dos de los propietarios de las viviendas de La Bufona deben estudiar la causa, precisan las fuentes.

En este procedimiento ya se celebró un primer juicio a finales de 2015, aunque fue finalmente anulado por un error formal. Tras esa primera vista, los dos encausados, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro (el tercero, Francisco Carmona, exresponsable del catastro municipal, falleció), habían sido condenados en firme a dos meses de cárcel, sustituibles por una multa de 1.200 euros, por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Esa pena había sido rebajada por las “extraordinarias” dilaciones indebidas durante la instrucción.

En julio de 2018, la Audiencia de Las Palmas ordenó repetir el juicio porque, aunque los propietarios de las viviendas habían declarado como testigos, no se les había dado la oportunidad de personarse en calidad de responsables civiles y poder así “expresar su parecer como perjudicados”, “oponerse a las demoliciones” acordadas en la sentencia o reclamar una indemnización a los promotores de La Bufona. Entre los propietarios se encuentran la actual alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (Partido Popular), con una orden firme de demolición de parte de su chalé sin ejecutar, o el fiscal Miguel Pallarés.

Después de que el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife lo asumiese, el procedimiento estuvo completamente paralizado durante un año (entre el 30 de abril de 2021 y el 2 de mayo de 2022). Sobre las razones de ese retraso hay contradicciones. La magistrada que se hizo cargo de la causa (tras la abstención de la titular de ese órgano) sostuvo ante la Diputación del Común que, según le habían comunicado desde el propio juzgado, esa parálisis se debió a la baja de larga duración del funcionario encargado de la tramitación de esas diligencias, una baja que, según reportó la jueza, no había sido cubierta.

Sin embargo, esta versión se contradice con la ofrecida por el Gobierno de Canarias y por fuentes sindicales a Canarias Ahora. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo regional, Mónica Ceballos, informó el pasado junio de que durante 2021 se produjeron tres bajas de larga duración de funcionarios adscritos a ese juzgado y que todos se cubrieron en “tiempo y forma”, en un plazo no superior a los dos meses. El denunciante de la causa, Gonzalo Murillo, propietario de terrenos donde se construyeron esas viviendas, presentó escritos en varias instancias alertando de estas contradicciones. La Fiscalía, sin entrar en las razones de esa demora, la calificó de “mínima”.