Una década sorteando el derribo: el chalé ilegal de la líder del PP de Lanzarote sigue intacto a la espera de otro juicio

Chalés de la calle Chabusquillo, en La Bufona, con expedientes de la Apmun / Foto: De la Cruz.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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En Canarias se denomina bufadero a una formación geológica, típica en los acantilados de origen volcánico, que produce un vistoso fenómeno natural en sus costas. Son cuevas formadas en las rocas con grietas en su parte superior. Cuando la marea sube y las olas tapan la boca de la cavidad, el aire sale a presión por esos orificios, generando una estampa que se asemeja a la de un géiser y provocando un característico sonido, el llamado bufido. En su obra sobre la toponimia de Lanzarote, los filólogos Maximiano Trapero y Eladio Santana relatan que al “más famoso” bufadero de la isla, situado a las afueras de Arrecife, se le llamó La Bufona y “fue citado por casi todos los que escribieron” sobre este territorio, aunque “por no saber qué era escribieron su nombre con multitud de erratas y dijeron de ella muchas originalidades”.

La causa penal de La Bufona, llamada así por la polémica urbanización construida a finales del siglo pasado en esa zona de la capital lanzaroteña, es también una historia con borrones, singularidades y lagunas. La causa se inició en 1999 a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras detectar unos movimientos de tierra en un espacio protegido de la isla. Una promotora, Brisa Inversiones, había proyectado 14 chalés sobre unos terrenos que, además de no ser suyos, sino de la familia Murillo (también denunciante), se situaban en parte en suelo rústico de protección de jable.

Entre los compradores figuraban, entre otros, Ástrid Pérez, actual alcaldesa de Arrecife y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, y Miguel Pallarés, en aquel momento coordinador de la Fiscalía en la isla y exportavoz nacional de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. El Gobierno de Canarias, a través de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), ordenó en 2013 el derribo parcial de esas viviendas, de la parte construida en terreno protegido. La dirigente popular no recurrió esa resolución y, por tanto, es firme. A pesar de ello, su casa sigue en pie casi una década después. Entre las razones argüidas para no ejecutarla durante este tiempo, la agencia esgrimió primero la “dificultad”, por su elevado coste, del derribo individualizado de las viviendas con orden de demolición firme, o a la existencia de sentencias que habían anulado las resoluciones contra otros propietarios, entre ellos el fiscal, porque no se había impugnado la licencia antes de decretar el derribo.

Lo cierto es que el procedimiento penal se prolonga ya más de 22 años y encara su segundo juicio, señalado recientemente para noviembre. La primera vista, celebrada a finales de 2015, se anuló un año y medio después de que el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, dos de los promotores de la urbanización de La Bufona (el tercero, Francisco Carmona, exencargado del catastro municipal, falleció), fueran condenados en firme a dos meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.200 euros, por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Una pena de cárcel, rebajada por las “extraordinarias” dilaciones indebidas durante la instrucción, que la Audiencia de Las Palmas llegó a tildar en su sentencia, dictada en febrero de 2017, de “puramente simbólica, por no decir ridícula”.

En julio de 2018, sin que se hubiera ejecutado la condena, el mismo órgano provincial ordenó repetir el juicio por un defecto procesal. Y es que, a pesar de que la sentencia también obligaba al derribo parcial de las viviendas, los propietarios, las personas que adquirieron los inmuebles a la promotora Brisa Inversiones, habían sido citados a declarar en el juicio como testigos, pero no se les dio la oportunidad de personarse en calidad de responsables civiles y poder así “expresar su parecer como perjudicados”, “oponerse a las demoliciones” o reclamar una indemnización a los promotores. Una circunstancia que, según la Audiencia de Las Palmas, causaba indefensión a los dueños y obligaba a devolver el procedimiento a 2011, a la fecha en la que la Fiscalía remitió al Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife su escrito de acusación.

Aunque el proceso penal se ha dirigido exclusivamente contra los promotores de La Bufona, la posición y el papel en esta historia de los propietarios de las viviendas sigue siendo, dos décadas después, controvertido. No existe duda alguna de que las obras realizadas en suelo rústico (piscinas, edificaciones adosadas, ampliaciones de viviendas, pavimentaciones, muros...) son ilegalizables. Así lo determinó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias y así lo han confirmado los tribunales en sus sucesivos pronunciamientos. Lo que aún debe dilucidarse es qué responsabilidad tienen los dueños en esas actuaciones. Es ahí donde se manifiestan las lagunas que la justicia hasta la fecha no ha llegado a resolver y donde las versiones de las partes difieren.

En su declaración en el juicio finalmente anulado, los promotores de la urbanización defendieron que las obras en suelo protegido fueron realizadas por los compradores después de la venta, que eran los propietarios quienes habían ampliado las casas sin los permisos. Y en esa vista, algunos dueños admitieron haber ejecutado ampliaciones sin licencia en los terrenos que habían adquirido, pero también aseguraron que todas ellas se llevaron a cabo dentro de los márgenes de la finca que la promotora les había entregado, cercada por un muro. 

En una queja remitida el pasado 25 de abril al Consejo General del Poder Judicial por el retraso en el procedimiento (diez días después se dictaron los señalamientos del juicio para noviembre), Gonzalo Murillo, denunciante y propietario de terrenos ocupados por la promotora de La Bufona, recordaba que han sido los técnicos del Gobierno de Canarias quienes han informado desde 2011 “que son Ástrid Pérez, Miguel Pallarés y otros los que han construido ilegal y clandestinamente sobre suelo rústico”. Además, hizo referencia a que, durante su declaración, la pareja de la actual alcaldesa de Arrecife señaló que “fueron ellos quienes realizaron las obras de ampliación en su vivienda que la Apmun ordena demoler”.

Murillo aludió también a un informe anterior, emitido por técnicos del Gobierno canario en 2008, que determinaba que la vivienda se amplió en terrenos de protección ecológica hasta 2005. Es decir, cuando habían transcurrido ya cinco años desde que Ástrid Pérez la comprara, lo que, a juicio del denunciante, demuestra que la actual alcaldesa de Arrecife es “la promotora de las obras ilegales” en su vivienda situada en la calle Chabusquillo.

La orden de la Apmun para derribar la parte construida sobre suelo rústico (más de 200 metros cuadrados) se remonta a 2013. La presidenta del PP de Lanzarote no recurrió la resolución, pero sí la impugnaron once de los catorce propietarios. Entre ellos, Miguel Pallarés, que consiguió que fuera anulada. En una sentencia de abril de 2017, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) advertía de “las lagunas” en la actuación de la administración pública. El alto tribunal estimó el recurso del fiscal propietario de una de las casas de La Bufona tras concluir que, antes de iniciar el procedimiento sancionador y de decretar el restablecimiento del orden infringido, es decir, de demoler la parte de la vivienda declarada ilegal, el Gobierno de Canarias debió impugnar la licencia dada por el Ayuntamiento.  

Pero no es la única laguna. La sentencia remarca que no se han determinado “con precisión” las fechas de las actuaciones acometidas en las parcelas. “No existe certeza sobre si las obras estaban o no acabadas” cuando el fiscal compró su vivienda, en el año 2000. Es decir, si cabe atribuir la responsabilidad de esas ampliaciones en suelo rústico a la promotora, Brisa Inversiones, o a su actual propietario. Cuando la Apmun paralizó las obras en ese mismo año, la acción se dirigió contra la promotora. En cambio, en sus informes de 2013 (los que ordenan los derribos parciales de las viviendas) señala a los compradores, a los dueños.

Después de que la Audiencia de Las Palmas dictara el auto que obligaba a repetir el juicio, la Asociación de Vecinos La Almadracha, que agrupa a los propietarios de las viviendas, emitió un comunicado en el que celebraba la decisión judicial y defendía que los compradores de esas casas habían sido “víctimas de la mala actuación ajena”, señalando al Ayuntamiento de Arrecife y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. En esa nota, los dueños sostenían que no se les puede culpar “por irregularidades cometidas por las administraciones públicas, cuando las viviendas se construyeron amparadas por licencia de obra, licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”.

“Encubrir la responsabilidad penal”

El auto que anuló el primer juicio de La Bufona recordaba que la Fiscalía había solicitado expresamente que los propietarios de la vivienda fueran emplazados en calidad de responsables civiles. Para la Audiencia de Las Palmas, resultaba “cuando menos extraño” que los compradores de los chalés no conocieran las consecuencias que para sus casas pudiera tener una eventual sentencia condenatoria. Sin embargo, esa “extrañeza, esa sospecha” no podía ser elevada, en opinión del tribunal, “al nivel de certeza” y, por ello, consideraba que su intervención como testigos en el juicio era “insuficiente para subsanar ese déficit”, ya que no les permitía “articular pretensiones de fondo”. Es decir, tratar de evitar la demolición de las casas ilegales o reclamar una indemnización a los constructores. La resolución remarcaba que no puede haber ningún pronunciamiento judicial que pueda perjudicar a quien no ha participado como parte en el procedimiento, a quien no haya estado personado en la causa.

En su última denuncia, presentada el pasado 8 de mayo ante la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Murillo cuestiona la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en el caso de La Bufona y se pregunta si “se ha tratado de encubrir la responsabilidad penal” de los propietarios de las viviendas, entre ellos de Miguel Pallarés, “enmascarándola bajo la calificación de responsabilidad civil”. Insiste en este escrito en que “los técnicos competentes del Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio” informan de que han sido los compradores de los chalés quienes “han promovido de forma clandestina (sin licencia) obras ilegales sobre suelo rústico de protección ecológica de jable”.

En cualquier caso, en el segundo juicio de La Bufona, programado en principio para los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, los únicos que volverán a sentarse en el banquillo de los acusados son los promotores de Brisa Inversiones. La única diferencia con el primero, con el anulado, es que los propietarios tendrán la opción de ejercer el derecho a la defensa y al principio de contradicción a través de sus letradas. Más allá de la pena que se les pueda imponer a los constructores, la clave de la vista estará en determinar qué ocurre con la demolición de las viviendas y quién tendría que asumir los gastos en caso de que la condena sea la misma.

Al margen del procedimiento penal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas investiga desde noviembre las alteraciones catastrales en las viviendas de La Bufona. Gonzalo Murillo denunció que el catastro inmobiliario estaba reflejando en su cartografía oficial “una ficción” que no se corresponde con la realidad “jurídico-urbanística” existente en ese paraje, al dar por buena una modificación del planeamiento que fue anulada por sentencia firme del Supremo.

Según los datos del Registro de la Propiedad, la parcela comprada por la presidenta del PP de Lanzarote tenía 380 metros cuadrados, con 96 edificables. En el catastro, la finca supera los 572 metros cuadrados y lo construido llega a los 240. En el caso del inmueble de Pallarés, hay una diferencia de 196 metros cuadrados entre la superficie que figura en el Registro de la Propiedad (384) y la del catastro (580). En abril de 2016, el denunciante advirtió, además, que el catastro no solo había aumentado la superficie construida en la parcela de la actual alcaldesa de Arrecife, sino que se había cambiado el uso del suelo, de agrario a residencial.

Murillo también ha solicitado a la Fiscalía que se investigue si la promotora Brisa Inversiones ha cometido “una manifiesta y patente estafa al vender a terceros un suelo urbano sito en el ámbito del Plan Parcial La Bufona” del que es titular su familia.

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