Un testigo del caso Yate que denunció un soborno se enfrenta a 7 años de cárcel

Las obras de construcción de viviendas y los pleitos en los tribunales han sido dos cosas simultáneas desde que hace más de diez años se iniciara la urbanización del plan parcial Playa Blanca, que el Cabildo consideraba extinguido y logró que se anulara en los tribunales, y que ahora, con el nuevo Plan General de Yaiza, se ha vuelto a reactivar. Los pleitos los han protagonizado unas instituciones contra otras, compradores contra vendedores y unas empresas contra otras, y se siguen ventilando aún hoy.

La semana pasada estaba previsto que se celebrase otro de esos juicios, entre dos socios relacionados con ese plan. En el banquillo se sentó un solo acusado: Facundo Perdomo, a quien la Fiscalía le acusa de un delito societario y no le pide pena de cárcel pero sí la devolución de más de 220.000 euros, mientras que la acusación particular, de la sociedad Laguitur, de la que Perdomo era socio, le pide una pena de siete años de cárcel por dos delitos: apropiación indebida y administración fraudulenta y desleal.

Perdomo era socio de Laguitur, que explotaba los apartamentos Atalaya, de Puerto del Carmen, junto con Ricardo Sánchez Armendáriz, con quien también tenía negocios comunes en el Sur con la sociedad Proinlan y con otras. Las diferencias entre los socios surgen entre 2007 y 2008, cuando, según los escritos de acusación, Perdomo habría comenzado a transferir dinero de Laguitur a otra sociedad, Explotaciones Turísticas Vista Internacional, de la que él era socio único. Perdomo habría estado transfiriendo cantidades de hasta 30.000 euros y después habría tratado de justificar ese traspaso con una factura falsa.

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