Caso Jable

Un trabajador de Urbaser reconoce que el delegado de la empresa en Lanzarote le pidió que “vigilara” a la exalcaldesa de Arrecife

Un trabajador de la empresa Urbaser, en la que se integró Tecmed (beneficiaria del contrato de basuras del Ayuntamiento de Arrecife en 2002 que dio origen a la denominada Operación Jable), ha reconocido este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que el delegado de Tecmed/Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, le pidió que hiciera un seguimiento de la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz.

En la tercera sesión del juicio celebrado en contra de la que fuera regidora de la capital lanzaroteña, el propio Jacinto Álvarez y otros nueve acusados, este empleado ha dicho que le pareció “extraño” que le ordenaran esa vigilancia porque “no formaba parte de sus funciones”.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha apuntado que no recuerda los detalles de aquellos días de mayo de 2002, momento en el que se produjo, según las acusaciones, el amaño del contrato en favor de Tecmed, pero sí que le mandaron a seguir y escuchar las conversaciones de María Isabel Déniz y de otro de los acusados, el secretario general del Consistorio, Felipe Fernández Camero.

“Me extrañó tener que vigilar a la alcaldesa, pero no sé por qué me lo pidieron, no lo recuerdo”, ha aclarado a preguntas de la defensa de la propia Déniz.

Tampoco ha podido esclarecer cómo se produjo el amaño entre Jacinto Álvarez y los miembros del Consistorio presuntamente implicados, puesto que “han pasado ya más de diez años desde que declaró por primera vez”.

Sí que ha contado que la exalcaldesa “llegó a ir a las dependencias de Tecmed un montón de veces” a hablar con Álvarez, pero no ha podido precisar si fue durante aquellos días en los que el contrato de recogida de basuras estaba en el aire.

Después de que, en abril, varios de los acusados que formaban parte de ella reconocieran ante el fiscal que habían participado en el amaño del concurso, la empresa Urbaser les despidió.

Transcribió notas de su padre

También ha declarado este lunes la hija de Jacinto Álvarez, quien ha admitido que llegó a transcribir algunas notas de su padre en las agendas en las que este recogía toda la actividad que llevaba a cabo, y que constituyen una de las principales fuentes probatorias para este caso.

Esta mujer ha sido citada nuevamente a declarar ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas el jueves de manera presencial, ya que lo hizo por videoconferencia y no se le pudieron mostrar esos cuadernos para que detallara qué anotaciones había hecho ella y cuáles su padre.

El resto de testigos previstos para esta sesión no declararon, uno de ellos por encontrarse enfermo, renunciando la defensa que lo había solicitado a él, y el otro a petición del fiscal Ródenas para que tuviera más tiempo de analizar una nueva pericial presentada la semana pasada por otra de las defensas.

El juicio se retomará el jueves con el resto de la testifical propuesta, entre ella el testimonio de la hija de Jacinto Álvarez. 

Qué es la operación Jable

La operación Jable es la última pieza de una de las mayores causas de corrupción que se han investigado en Canarias por número de tramas y de imputados, el caso Unión. Juzga una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife entre 2002 y 2007 a cambio de la adjudicación de obras y servicios. La causa se centra en dos contratos: el de limpieza concedido a Urbaser y la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta, en la capital, por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Exejecutivos de esas empresas han admitido el pago de dádivas. Según las acusaciones, los perceptores fueron Isabel Déniz, alcaldesa de Arrecife entre 2001 y 2007, primero con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y a partir de 2005 con Coalición Canaria (CC); Dimas Martín, fundador del PIL, condenado en numerosas causas y actualmente en prisión; Felipe Fernández Camero, exsecretario municipal y conocido abogado en la isla, y Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica del Consistorio. Este último ha detallado en esta primera sesión cómo se fraguó el amaño del concurso de Urbaser y ha confesado el cobro de 180.000 euros de la trama.