La patronal hotelera de Las Palmas carga contra la ordenanza que permitirá el uso residencial y alojativo en zonas turísticas

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), y su federada la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT), han cargado este viernes contra la ordenanza provisional aprobada en San Bartolomé de Tirajana que permite compatibilizar el uso residencial y el turístico en este municipio de Gran Canaria.

Según estas organizaciones empresariales, esta medida “será perjudicial no solo para las actividades extrahoteleras desarrolladas en la zona turística del municipio, sino también para el empleo, la calidad de la oferta, la imagen del destino Gran Canaria y el interés general de la isla”.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves en el pleno la “declaración extraordinaria y de urgente necesidad pública” para la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. El objetivo es dar respuesta a las personas que están siendo multadas por no ceder sus apartamentos a un explotador turístico y querer residir en ellos. Se trata de multas que han superado los 2.000 euros. Esa sanciones se han paralizado pero el Gobierno de Canarias ha dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos y ha dado un plazo para regularlo en sus ordenanzas municipales.

Al respecto, la patronal turística ha citado “estudios académicos independientes” realizados por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) según los cuales se ha cifrado en 591 millones de euros anuales (“en estimaciones conservadoras”) la merma de ingresos en la actividad económica provocada por el proceso de residencialización en complejos turísticos sólo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

“Este daño económico ha perjudicado a las familias canarias propietarias de unidades alojativas que llevan más de cincuenta años adaptándose y cumpliendo la multitud de leyes y normativas que regulan el sector, garantizando la calidad del servicio y la competitividad del destino. Y este hecho exhibe con claridad el elevadísimo coste social derivado de la residencialización, promovida ahora por una ordenanza provisional que declara la compatibilidad total entre usos turísticos y residenciales”, ha expresado este viernes la FEHT.

La organización insiste en la necesidad de defender la actividad económica y los puestos de trabajo como “exponente inequívoco del interés general de la isla y las zonas turísticas de Gran Canaria”. Sobre el particular, la patronal incide en que el informe de la ULPGC estima en 83 millones de euros la pérdida de recaudación anual para las administraciones públicas provocada por los usos residenciales en los apartamentos turísticos del mismo municipio, con un coste de 12.433 puestos de trabajo en dicha zona. “Esto constituye un perjuicio objetivo para el interés general”, añade.

Además, la posición sostenida por la ordenanza provisional resulta, en su opinión, “contradictoria con la legislación autonómica sobre turismo actualmente vigente en Canarias, que defiende la especialización de usos como estrategia inequívoca para consolidar la calidad del destino turístico, la imagen de la oferta y el interés general del municipio y la isla, tal y como han señalado también los responsables actuales de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que impulsan un proceso de especialización de usos, y no la caótica situación que promoverá la residencialización generalizada en inmuebles dedicados al uso turístico”.

Al mismo tiempo, ordenanzas como la aprobada inicialmente en San Bartolomé de Tirajana “suponen un ataque al principio de unidad de explotación en los inmuebles turísticos, fundamental para el desarrollo de la actividad extrahotelera y que en ningún caso obliga a ceder la propiedad a un tercero para realizar a actividad turística, ya que los propietarios pueden realizarla de forma cooperativa en cada complejo”.

Para la patronal, el camino para la defensa del interés general en casos como el de San Bartolomé de Tirajana pasan por “seguir en el camino de la profesionalización y la especialización” en las actividades relacionadas con el turismo y con el uso de los inmuebles en particular, objetivo que es “incompatible con la expansión del uso residencial” en dichas explotaciones.

La FEHT considera que “a la vista de los hechos y los datos no hay duda sobre los beneficios colectivos del uso turístico de los complejos construidos para tal fin, recordando que el estudio de Tides subraya que cada plaza alojativa en Canarias supone 31.125 euros de ingreso medio en la economía de las Islas, así como 4.363 euros de ingresos fiscales para la Administración”. Y, por encima de todo, la FEHT insiste en el “riesgo que suponen los procesos de residencialización para el empleo, porque cada dos plazas alojativas suponen la generación de 1,3 puestos de trabajo” en el Archipiélago.

La patronal turística asegura contar en este asunto con el respaldo de los sindicatos del sector y anuncia que seguirá abogando por el “desarrollo armonioso” de la actividad en las zonas turísticas, en la medida que el impacto de la actividad turística es 15 veces superior a la que supone el uso residencial, según el estudio elaborado por la Universidad. Por ello, la FEHT y la AEAT expresan su posición firme en contra de cualquier medida que contribuya a extender el fenómeno de la residencialización, en defensa de la legalidad, de la calidad del destino en un mercado competitivo. Asimismo, los servicios jurídicos de la FEHT estudian las acciones oportunas sobre posibles responsabilidades que se deriven de esta medida incompatible con el interés general de las Islas.