Afectados de Hermanos Calderón trasladan a IU en el Congreso una propuesta legislativa para proteger los alquileres asequibles
Representantes de los afectados de las viviendas de Hermanos Calderón, junto a los de otras promociones adquiridas por “fondos buitre”, han mantenido este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de Izquierda Unida para trasladar una propuesta legislativa destinada a proteger a las familias que residen desde hace años en viviendas que inicialmente eran de alquiler asequible.
Según han informado los afectados de Hermanos Calderón en un comunicado, durante la reunión se han abordado distintas vías de actuación, concretadas en cuatro compromisos fundamentales.
Así, la Plataforma de Hermanos Calderón ha trasladado una propuesta de articulado legislativo destinada a establecer un régimen especial de protección para los arrendatarios de viviendas que anteriormente formaban parte de promociones de alquiler social o asequible y que hayan sido adquiridas por debajo de su valor de mercado por fondos de inversión.
La iniciativa contempla garantizar la continuidad indefinida de los arrendamientos mientras los residentes cumplan sus obligaciones contractuales, impidiendo que estas viviendas pierdan su finalidad social por el mero vencimiento de los contratos.
En relación con los dos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros y cuya convalidación está prevista para este viernes, los representantes de IU han señaldo que estas iniciativas no cierran las posibilidades de intervención legislativa y se han comprometido a trabajar para impulsar la propuesta de los afectados.
Desde la Plataforma consideran que esta previsión, además de proteger a las familias actualmente afectadas, tendría un “importante efecto disuasorio” frente a futuras operaciones especulativas.
Su carácter específico, limitado a fondos constituidos expresamente para adquirir estas promociones por debajo de su valor de mercado, podría facilitar un consenso parlamentario amplio, incluso entre aquellos grupos más reticentes a establecer limitaciones generales sobre el mercado del alquiler, han opinado.
En segundo lugar, se ha acordado promover contactos con Casa 47 para explorar fórmulas de negociación y colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan la adquisición pública de estas promociones y su recuperación para el parque de alquiler asequible.
La Plataforma ha insistido en que existen “alternativas reales para evitar la expulsión de las familias” y que la colaboración entre administraciones “puede resultar decisiva para devolver a estas viviendas la función social para la que fueron construidas”.
La reunión, auspiciada por el coordinador autonómico de IU y candidato a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha contado con la participación de los diputados de IU en el Congreso, Enrique Santiago y Toni Valero, y de la responsable federal de Vivienda de la formación, Carolina Cordero.
Así, los representantes de Izquierda Unida se han comprometido a impulsar la comparecencia de los afectados ante la Comisión de Vivienda del Congreso para que puedan trasladar directamente a los distintos grupos parlamentarios su situación, explicar las consecuencias de estas operaciones inmobiliarias y reclamar medidas concretas de protección, han indicado los afectados.
Reunión con el delegado del Gobierno
La actividad institucional de la Plataforma continuará este viernes con una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a quien trasladarán la misma propuesta legislativa, junto con otras reivindicaciones relacionadas con la situación de las familias de Hermanos Calderón.
Asimismo, se han abierto contactos con Podemos a nivel nacional para mantener una próxima reunión y ampliar los apoyos a esta iniciativa.
La Plataforma ha valorado positivamente el encuentro y subrayado que el objetivo es conseguir “el máximo consenso político posible” para que esta protección legislativa pueda articularse cuanto antes. “Una medida que permitiría garantizar la continuidad de miles de familias en sus hogares y evitar que viviendas concebidas para cumplir una finalidad social terminen convertidas en instrumentos de especulación inmobiliaria”, ha concluido.