Los equipos psicosociales judiciales de Cantabria se adscriben al Instituto de Medicina Legal
La Consejería de Justicia ha reorganizado el funcionamiento de los equipos psicosociales de los órganos judiciales mediante su adscripción funcional al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria (IMLC), una medida que entra en vigor este jueves con su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que tiene como objetivo optimizar los recursos disponibles, mejorar la coordinación de los profesionales y agilizar la elaboración de los informes solicitados por los juzgados y tribunales.
La resolución establece un nuevo modelo organizativo para los seis técnicos que integran el equipo Psicosocial de los Juzgados y Tribunales de Cantabria, formado por psicólogos y trabajadores sociales distribuidos entre las secciones de Santander y Torrelavega. A estos profesionales se sumarán los funcionarios interinos de ambos cuerpos destinados a prestar sus servicios en el Instituto , ha informado el Ejecutivo.
Con esta reorganización, los técnicos pasarán a trabajar bajo la dirección funcional del Instituto de Medicina Legal, que asumirá la planificación de sus agendas, el reparto de los asuntos en función de las características de cada pericia y el seguimiento de los tiempos de elaboración de los informes.
De este modo, los profesionales podrán afrontar de manera conjunta las solicitudes judiciales, junto con los efectivos de la Unidad de Valoración Forense Integral, aprovechando mejor los recursos humanos disponibles.
La Consejería de Justicia responde así a la necesidad de introducir cambios organizativos para mejorar el funcionamiento de estos equipos, demandada también por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en sus memorias anuales.
En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha adoptado distintas medidas para reforzar estos servicios, como el incremento de los efectivos de la Unidad de Valoración Forense, además de los nombramientos de personal interino para atender la acumulación de tareas con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y agilizar la prestación del servicio público de justicia.
Mejor coordinación y control de plazos
Según se recoge en la resolución publicada en el BOC, uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo será la mejora de la planificación y del seguimiento de los informes periciales.
La dirección del Instituto distribuirá los asuntos entre los profesionales atendiendo al objeto de cada solicitud, supervisará las agendas para favorecer la celeridad de los reconocimientos y controlará los plazos de emisión.
La resolución fija como referencia un plazo máximo de dos meses para la emisión del informe desde la primera entrevista. Si fuera necesario ampliarlo, el profesional deberá justificar razonadamente esa circunstancia. Asimismo, las solicitudes de informes psicológicos y sociales formuladas por los órganos judiciales se remitirán al Instituto de Medicina Legal a través del sistema de gestión procesal VEREDA.
Además, el nuevo sistema permitirá realizar un seguimiento de la actividad desarrollada por los técnicos mediante una memoria anual que recogerá los informes elaborados y el funcionamiento del servicio. Por otro lado, la nueva adscripción funcional al IML permitirá coordinar los seis profesionales del Equipo Psicosocial con los integrantes de la Unidad de Valoración Forense Integral, especializada en la atención a víctimas de violencia de género, y con el personal interino destinado al Instituto.
La finalidad es facilitar una distribución más equilibrada de la carga de trabajo, homogeneizar los criterios de actuación y reforzar la supervisión técnica de los informes, manteniendo las funciones propias de los profesionales de Psicología y Trabajo Social. Por su parte, el Equipo Técnico de Menores, que depende funcionalmente de la Fiscalía de Menores, queda al margen de esta medida organizativa.