El Gobierno del PP mantiene las muertes de lobos previstas con 177 ejemplares “campando” por Cantabria
Cantabria cuenta en la actualidad con unas 25 manadas de lobos y 177 ejemplares “campando” por la región y presentes casi en el 80 % del territorio, incluso en la costa, donde también se registran daños a la ganadería por parte de este especie, en lugares donde “nunca debiera estar”. Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), este martes a preguntas de los medios.
Susinos ha dicho también que el Gobierno continua realizando las extracciones (muertes) previstas en el plan de gestión del lobo, que salió del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en primavera de 2025. Ha reiterado la pretensión de hacer compatible la pervivencia del lobo con la continuidad de la actividad ganadera: “No queremos ningún exterminio, sino una convivencia, como toda la vida ha existido, entre el lobo y nuestros ganaderos”, ha dicho durante los actos de celebración de la festividad de San Ginés en la cofradía de pescadores de Colindres.
En 2025, el Gobierno estableció un cupo de eliminaciones de 41 ejemplares, que agotó. Ddel presente ejercicio, que se aprobó en marzo y está en vigor hasta finales de diciembre, cuenta con un máximo de 35. “Estamos realizando extracciones conforme al nuevo grupo establecido para este año 2026”, ha comentado Susinos.
Además del documento, este ejercicio también se ha actualizado el baremo de indemnización de los daños a los ganaderos producidos por el lobo, en vigor también desde marzo y “a precios de mercado”.
Cuestionada por la postura de asociaciones ecologistas que consideran que medidas como las extracciones contraponen la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la consejera ha defendido que el Gobierno cántabro actúa conforme al plan de gestión y a la ley.
“Estamos siendo muy respetuosos y estamos actuando con muchísima responsabilidad y con muchísimo rigor”, más al ser un “tema muy sensible que está judicializado”, ha apuntado, para referirse a los recursos a las resoluciones de la administración regional y que, hasta ahora, han sido respaldadas por los tribunales.