El reglamento, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC, contempla la exención de la parte fija y una bonificación del 60% en la parte variable (la que grava el consumo) para las familias con rentas por debajo del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), y a partir de ahí establece descuentos en ambos parámetros para rentas superiores en función del número de miembros de la unidad familiar.
En este sentido, el Gobierno ha destacado el carácter “social” del canon de agua residual doméstica, que ya se plasmó en la nueva Ley de Abastecimiento y Saneamiento, y ha recordado que desde el 1 de enero se aplican “de oficio” las exenciones y bonificaciones previstas en dicha ley a las familias que reciben la Renta Social Básica.
La ley consagra el “derecho universal” de acceso al agua, para que a “nadie” se le pueda cortar el suministro por razones socioeconómicas, ha destacado el Ejecutivo.