Hasta el momento un letrado de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo ejercía la defensa legal de las personas con discapacidad en los procesos de incapacitación, a lo que se añaden ahora las actuaciones previstas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que requieren de un abogado y de un procurador.
Este es el caso de las remociones de tutela, solicitudes de autorización judicial para ventas, suscripción de hipotecas, herencias, entre otros, en los que la Fundación Valdecilla interviene en actos propios del ejercicio de la tutela, lo que se llevará a efecto a través de la asistencia jurídica de un letrado del Gobierno autonómico.
Actualmente, el Gobierno mantiene tutelados a cerca de 500 adultos que han sido declarados por un juez como personas incapaces de administrar sus bienes o valerse por sí mismas. El Ejecutivo ejerce su tutela y mantiene un sistema integral de asistencia jurídica para todos ellos.
El presente convenio tendrá un plazo de duración de cuatro años que podrán ser prorrogables, informa el Gobierno en un comunicado.