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CCOO alerta del peligro de cierre de todas las oficinas del Registro Civil de Cantabria salvo en Santander

CCOO ha alertado del peligro de cierre de todas las oficinas del registro civil de Cantabria, salvo la de Santander, para lo que está enviando escritos a los alcaldes de los municipios afectados por el cierre de los registros civiles previsto en la Ley 20/2011.

Con estas cartas, el sindicato buscar recabar su apoyo a las acciones que viene desarrollando durante los últimos años en defensa de un Registro Civil totalmente público, gratuito y atendido por personal de la Administración de Justicia, y por el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los juzgados de paz. En Cantabria, estarían afectados todos los municipios de la región a excepción de la capital, Santander.

En los escritos, CCOO informa a alcaldes que la entrada en vigor de la citada Ley del Registro Civil está prevista para el 30 de junio de 2020, uno de cuyos efectos “más perniciosos” para el servicio público y la ciudadanía es el “cierre masivo” de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones, y que los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones de esos municipios desde 1871 serán llevados fuera de su localidad.

Si no se modifica en las Cortes dicha ley antes de su entrada en vigor, ha alertado CCOO, los vecinos de esos municipios se verán privados de la atención directa en este servicio quedando obligados, bien a hacer las gestiones por vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados, o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad más o menos lejana de su domicilio.

Para CCOO la supresión de este servicio público en las pequeñas localidades supone, además, una “nueva discriminación” hacia la denominada 'España vaciada'.

Finalmente, el sindicato ha indicado que la entrada en vigor de esta ley con su redacción actual supondrá el cierre de miles y miles de registros civiles en toda España, reduciéndose las más de 7.500 oficinas de las actualidad a poco más de un centenar, en el mejor de los casos.