La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías del Gobierno de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, se ha mostrado confiada en que el trabajo que su departamento está realizando para dar forma a lo que será la Ley de Garantías Ciudadanas, que prevé garantizar renta mínima, suministros y vivienda a toda la población, esté perfilada para afrontar el trámite parlamentario en torno al mes de noviembre, con la esperanza además de que el texto normativo se apruebe por unanimidad.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada abierta con representantes del movimiento asociativo de la región para analizar el desarrollo de esta legislación, una cita que sirve para “introducir el diálogo” en el trámite con los potenciales beneficiarios de esta norma.
“Estamos intentando trabajar con los plazos más cortos posibles. Esta ley debe de ser una prioridad para el Gobierno”, ha puesto de manifiesto Herranz, quien ha recordado que este mismo jueves acaba el plazo de presentación de alegaciones dentro del proceso de información pública.
Ha indicado además que se ha solicitado un informe de impacto económico sobre la futura ley, estudio que estará listo en breves fechas.