Cambio social y vivienda: ¿el comienzo de un nuevo paradigma?

La movilización ciudadana ante la crisis de la vivienda confirma un cambio social que recorre toda España y que podría marcar el comienzo de un nuevo paradigma político.

Algo está cambiando, pero nadie debería ver en ello un espejismo. Los cambios no son espontáneos y estos se han generado, lentamente, en el seno de la sociedad hasta que han estallado.

La sociedad española ha cambiado en las últimas décadas y nadie se ha percatado que esto estaba sucediendo. Y lo ha hecho en muchos aspectos, aunque las costuras hayan estallado por el punto más débil, la vivienda. Los jóvenes que sufrieron la gran recesión de 2008, y la derivada de la pandemia del COVID-19 se han hecho adultos, y dieciocho años después del comienzo de la primera, han despertado en una España que les ha ignorado. Esos jóvenes constituyen hoy una generación que no encuentra referentes tangibles.

La política se ha hecho tan volátil y apática que a los jóvenes les ha sido difícil identificarse tanto con los llamados partidos tradicionales, PSOE y PP, como con los neo partidos (Sumar y Podemos). En este sentido, Vox, por el contrario, si ha sido capaz de ser referente entre los adolescentes y la juventud temprana de la generación Z, por la simplicidad de su lenguaje mas que por su fuerza ideológica.

Los jóvenes, hasta ahora, han demostrado tener una vida privada y social activa, pero no una vida pública comprometida. Sin embargo, este cambio de actitud de buena parte de ellos encuentra una respuesta política, a la vez que transversal, en las cuestiones relativas a la adquisición de vivienda y los alquileres, absolutamente disparados en un mercado incontrolado.

Este nuevo referente puede servir de aglutinador para muchos ciudadanos que han obviado la política, y ser un nuevo revulsivo para su recuperación en el ámbito de una sociedad dinámica. Parece obvio que este es un espacio que puede ocupar la llamada izquierda alternativa, y que puede favorecer una cierta recomposición ideológica de la izquierda tradicional, de cara a un previsible adelanto electoral.

Lo cierto es que entre dimes y diretes, y a la contumaz polarización política, todo es distinto. La oposición del PP y Vox, desde una posición simplista, incapaz de entender la realidad y ofrecer ninguna alternativa conocida ha creído que la política se dirime más en los tribunales de Justicia que en el Parlamento. El Gobierno pendiente de mantener una mayoría parlamentaria artificial a toda costa, pero que le ha servido durante casi cuatro años, ha obviado la prospectiva y el análisis de los comportamientos sociales, y un partido, Junts, más preocupada por su líder -'ocluso' por una 'amnistía“'que nunca le acaba de llegar, que por la política real- ha descuidado a un electorado que le está generando una gran sangría por la extrema derecha independentista.

La sociedad se ha movido, de una forma multitudinaria, por un hecho cierto, la vivienda, y por unas circunstancias detonantes, los desahucios. España se ha convertido, en parte, en una sociedad de rentistas, en una inmensa sociedad inmobiliaria donde que ha concedido una importancia exagerada a los inmovilizados como garantía de renta y la obtención de plusvalías, alejándose de la economía productiva y obviando inversiones más arriesgadas.

Pero a nadie le conviene equivocarse en el diagnóstico. Ni al Gobierno, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni tampoco a los 'oportunistas', que en ocasiones como estas siempre surgen por doquier. Todo es mucho más complejo, y en esa complejidad no cabe la demagogia ni el populismo si lo que se pretende es una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad.

Se estima que la inversión necesaria en construcción de viviendas debería acercarse al 10% del PIB para dar solución al déficit habitacional existente y sostener el crecimiento, pero evitando la misma codicia que nos llevó a la crisis inmobiliaria del 2008. Actualmente se calcula que el déficit de viviendas en España alcanza las 750.000, y que en 2028 llegará a un millón. Se hacen necesarias 240.000 viviendas para cubrir las necesidades anuales por la creación de nuevos hogares.

Pero para ello es indispensable un compromiso firme de Pacto de Estado, hoy absolutamente imposible, capaz de desarrollar políticas públicas de vivienda que implique a todas las administraciones, tanto la General del Estado, como Autonómica y Local, con el apoyo de la Unión Europea. Sin ese acuerdo cualquier solución al problema se hace complicado.

Se hace preciso el incremento de la vivienda nueva de protección pública, en sus modalidades de compra y alquiler, con una regulación precisa que evite el juego especulativo y los impagos. Pero también se hace necesario el regular los requisitos óptimos de habitabilidad, con garantías de calidad y dignidad,

Desarrollar medidas para el acceso a la vivienda, con reducciones de impuestos e incentivos fiscales, tanto para la compra como para el alquiler, así como apoyo financiero a la primera vivienda. Es preciso poner límites a los alquileres especulativos y la indiscriminada proliferación de viviendas de uso turístico, en grandes ciudades y centros históricos.

Y es obvia la necesidad de intervención en el suelo, mediante instrumentos urbanísticos y de planificación, con simplificación y agilización de los trámites administrativos, para ayudar a que todo lo anterior sea posible.

El reto consiste en ofrecer una respuesta rápida a un problema cuya solución será necesariamente lenta, sin generar expectativas que terminen defraudando a la ciudadanía.