La vivienda asequible tampoco puede esperar en Castilla La Mancha
En Castilla-La Mancha, el debate sobre vivienda no puede reducirse al precio medio del metro cuadrado. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE sitúa al 34% de la población regional en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 25,7% del conjunto de España. Además, el 12,7% declara llegar a fin de mes con mucha dificultad, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. Hablamos de más de una de cada tres personas en riesgo de pobreza o exclusión y de aproximadamente una de cada ocho con graves dificultades para cubrir sus gastos.
La vivienda explica una parte esencial de esa pobrza. Un hogar estable y con un coste asumible permite buscar empleo, estudiar, cuidar, descansar y participar en la comunidad. Cuando el alquiler y los suministros absorben una parte excesiva de los ingresos, se aplazan facturas, se reduce la calidad de la alimentación, se limita la calefacción y se renuncia a otros gastos básicos. La política de vivienda es, por tanto, una política de salud, infancia, juventud, empleo y cohesión territorial.
El alquiler agrava la desigualdad
El XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España confirma la brecha: el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes residen en una vivienda en propiedad. Quien no dispone de ahorro, estabilidad laboral o apoyo familiar está relegado a alquilar una vivienda y soportar un esfuerzo mayor sin acumular patrimonio. El resultado es un círculo difícil de romper: se paga más precisamente cuando existe menos margen para ahorrar.
A esta presión se suma la escasez de vivienda social. El informe de país de la Comisión Europea publicado en 2026 estima que las viviendas destinadas a fines sociales representan solo entre el 1,5% y el 1,7% del parque español de vivienda, muy por debajo de la media de la Unión Europea, situada entre el 6% y el 7%. Con un parque tan reducido, las administraciones tienen poca capacidad para responder a una crisis residencial como en el que estamos inmersos y las ayudas a la demanda terminan compitiendo en el mismo mercado que expulsa a los hogares con menos ingresos.
Una región con mercados de vivienda distintos
Castilla-La Mancha no tiene un único mercado de vivienda. Toledo, Albacete y los corredores de La Sagra y del Henares concentran presión de demanda, subidas de precios y desplazamientos hacia municipios periféricos. En buena parte del medio rural ocurre algo diferente: existen inmuebles vacíos, pero faltan viviendas habitables en alquiler, rehabilitación, eficiencia energética y conexiones asequibles con el empleo, la sanidad, la educación y los cuidados.
Por eso aumentar la oferta, aunque resulte necesario, no garantiza por sí solo la asequibilidad. Una promoción de precio alto mejora las estadísticas de construcción sin resolver la necesidad de hogares con salarios bajos, prestaciones o pensiones modestas. Tampoco basta con contar viviendas vacías: muchas necesitan obras, tienen problemas de titularidad o están lejos de los servicios. Hace falta una gestión pública o social capaz de localizarlas, rehabilitarlas, garantizar el cobro, limitar las rentas y adjudicarlas con criterios transparentes.
La dimensión territorial también obliga a coordinar vivienda y movilidad. Una casa barata deja de serlo si exige mantener dos vehículos o impide aceptar un empleo. En las áreas tensionadas, la prioridad debe ser ampliar el alquiler asequible y evitar la expulsión. En los municipios en riesgo de despoblación, la vivienda debe vincularse al transporte a demanda, los servicios básicos y las oportunidades de empleo. Por todo ello, se hace necesario que el próximo gobierno se implique para revertir esta situación.
Seis compromisos para la próxima legislatura
- Primero, ampliar y proteger de forma permanente el parque público y social de alquiler. El gobierno regional puede combinar nueva construcción, compra y rehabilitación de edificios, cesión de suelo, movilización de inmuebles de la Sareb y acuerdos con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. Cada actuación debe indicar cuántas viviendas aporta, dónde estarán, cuándo se entregarán y qué hogares podrán pagarlas.
- Segundo, vincular el precio asequible a los ingresos reales del hogar. La referencia debe ser que la suma del alquiler o la hipoteca y los suministros básicos no comprometa más del 30 % de la renta, con ajustes según la composición familiar y los costes energéticos. Una vivienda puede tener una calificación administrativa de asequible y seguir fuera del alcance de una pensión baja o del ingreso mínimo vital.
- Tercero, crear un programa regional de movilización de vivienda vacía con gestión pública o social. Debe ofrecer garantías de cobro y conservación a las personas propietarias, financiar la rehabilitación necesaria y asegurar contratos estables a precios limitados. Las ayudas de eficiencia energética y accesibilidad deben incluir medidas para evitar el desplazamiento de los hogares y garantizar el derecho de retorno cuando sea necesario un realojo temporal.
- Cuarto, prevenir la pérdida de la vivienda antes de que se produzca el desahucio. Castilla-La Mancha necesita una red estable de mediación, asesoramiento jurídico y ayudas de emergencia, junto con alternativas habitacionales inmediatas para hogares vulnerables. También debe reforzar los programas de vivienda con apoyos y el modelo Housing First para personas sin hogar.
- Quinto, profesionalizar la gestión y simplificar el acceso. Una ventanilla única de vivienda y exclusión residencial, coordinada con servicios sociales, empleo y salud, reduciría trámites y evitaría que la ciudadanía tenga que entregar varias veces documentos que la Administración ya posee. Las entidades sociales pueden colaborar en la detección, la mediación y el acompañamiento, pero la garantía del derecho debe seguir siendo pública.
- Sexto, publicar resultados comparables cada seis meses. El cuadro de mando debe informar sobre viviendas públicas y sociales disponibles, tiempos de espera, hogares demandantes, esfuerzo residencial, desahucios evitados, viviendas captadas y rehabilitadas, pobreza energética y distribución territorial. Los datos deben desagregarse para mostrar quién queda fuera. Sin información pública no existe una evaluación rigurosa de las promesas.
Compromisos con cifra fecha y responsable
Las elecciones autonómicas de 2027 son una oportunidad para situar la vivienda en el centro del debate regional. No basta con prometer miles de viviendas sin aclarar cuántas serán públicas, asequibles, accesibles, eficientes y protegidas de forma permanente. Tampoco basta con anunciar ayudas sin explicar cuándo se cobrarán, qué presupuesto tendrán o cuántos hogares podrán acceder.
La Red Contra la Pobreza pide a todas las candidaturas objetivos anuales por territorio, financiación plurianual, alquileres vinculados a la renta, un calendario de movilización y rehabilitación, prevención de desahucios, coordinación con la movilidad y los servicios, participación social y publicación semestral de resultados. Cada promesa debe incluir una cifra, una fecha y una administración responsable.
Castilla-La Mancha dispone de suelo, edificios infrautilizados, capacidad institucional y una red social con experiencia. Tenemos el diagnóstico y entidades colaboradoras. Ahora hacen falta decisiones, inversión a escala de la necesidad y continuidad de medidas para producir efectos sobre las personas que puedan evaluarse. Garantizar vivienda pública y asequible es dar a la ciudadanía una base estable desde la que vivir, trabajar, cuidar y participar en igualdad.