Amnistía Internacional pide una solución “urgente” de vivienda para una madre y su hija menor desalojadas en Alovera

Amnistía Internacional ha instado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a adoptar “medidas urgentes” para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y su hija de un año, “tras su desalojo sin alternativa habitacional en noviembre de 2025”.

Según la organización, madre e hija “se encuentran actualmente residiendo en una habitación en una vivienda compartida que no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, lo que supone una situación de especial gravedad al afectar directamente a una menor”.

Amnistía Internacional ha escrito tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social, solicitando “la adopción inmediata de medidas urgentes” para asegurar una vivienda adecuada para la familia, la “revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional” y, por otro lado, la “implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda”.

La organización ha recordado que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitieron previamente un informe “recomendando la paralización del desahucio por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó “medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada”.

La organización también subraya que recientemente el Comité de los Derechos del Niño recomendó a nivel estatal “suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa”, y que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido “sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables”.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor”, ha señalado Alfonso Sánchez, coordinador de Campañas de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Bienestar Social dice “no tener competencia” para ofrecer vivienda

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha señalado hoy a preguntas de los periodistas que le “consta que el Ayuntamiento de Alovera tiene algunas viviendas sociales. Supongo que a través de los equipos del ayuntamiento estarán tramitando esta situación que para nosotros no es deseable, pero a veces sucede y las administraciones tenemos que dar la mayor cobertura posible”.

Asegura que desde la Consejería su “posibilidad no es ofrecer una vivienda porque no es nuestra competencia, pero sí es ofrecer nuestros apoyos posibles para que esa familia salga de esa situación de vulnerabilidad” que se puede hacer “con ayudas de emergencia para poder facilitar alquiler, como con recursos de personas en situación sin hogar”.

García Torijano ha añadido que cree que “tiene que ser una acción más concreta del propio ayuntamiento, que es la entidad competente en darle una alternativa a esta familia si puede y tiene posibilidades, y muy trabajado con los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

Este medio se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alovera. Sin embargo, no ha obtenido respuesta por el momento.