Como ya anunció la Consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, la Comunidad ha solicitado al Gobierno, durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que modifique el real decreto que regula el estado de alarma con el fin de poder realizar confinamientos domiciliarios si son necesarios.
A diferencia del confinamiento de marzo, la responsable de Sanidad de la Junta, defendió este martes los “confinamientos programados”, es decir, con los que se intentará mantener el trabajo y la educación “lo más que podamos”.
Tras el encuentro telemático con los consejeros de Salud de todas las Comunidades, el ministro del ramo,Salvador Illa, ha insistido que el Gobierno ha establecido el plazo de “dos o tres semanas” para evaluar las medidas impuestas contra el coronavirus.
“Hay margen para la toma de medidas adicionales”, ha sostenido Illa en una rueda de prensa después de reunirse con todos los consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos.
Castilla y León se suma así a los ejecutivos autonómicos de Asturias, Ceuta y Melilla ya pidieron al Gobierno adecuar el estado de alarma para que pudieran decretar un confinamiento domiciliario, solicitud a la que se han sumado este miércoles Castilla y León, País Vasco y Andalucía.
Ante esta petición, el Ejecutivo ha defendido las medidas que pueden tomar las autonomías dentro de este estado de alarma e insiste en esperar el plazo que dicen los científicos para poder valorar la eficacia de las restricciones impuestas.
“La conclusión que se ha sacado de la reunión, bajo mi punto de vista, es que hay una estrategia nacional, unos indicadores en base a ellos analizamos el riesgo epidemiológico, donde hay margen y hay que evaluar estas medidas y darse un tiempo de dos o tres semanas”, ha sentenciado Illa.