Ecologistas asegura que la Junta de Castilla y León “oculta información” en la posible muerte de un lobo en Palencia

Ecologistas en Acción ha alertado de la posible muerte por disparos de un lobo equipado con un collar GPS en la Montaña Palentina y ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aclare qué ha ocurrido con este y otros ejemplares sometidos a seguimiento mediante dispositivos de radiomarcaje. La organización, en un comunicado, defiende que informaciones no oficiales apuntan a que el animal pudo ser abatido por furtivos el pasado mes de septiembre en la comarca de Cervera de Pisuerga, aunque reconoce que no existe confirmación oficial de su muerte.

La denuncia va más allá de este caso. Según Ecologistas en Acción, otros lobos capturados y equipados con dispositivos GPS también llevan tiempo sin transmitir información, sin que se haya explicado si se debe a la muerte de los animales, a problemas técnicos de los collares o a otras circunstancias. La organización considera especialmente preocupante la falta de explicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia y reclama a la Administración autonómica que informe sobre las incidencias registradas y las posibles causas de desaparición de los ejemplares.

En el caso del lobo que podría haber muerto en Cervera de Pisuerga, pide que se investiguen los indicios de una posible muerte por disparo y que se requiera la colaboración de los cotos de caza para esclarecer lo sucedido. La asociación asegura que la ausencia de información oficial alimenta los rumores y los bulos sobre la especie, además de generar inseguridad jurídica en torno a su conservación y gestión.

La Junta desarrolla desde 2023 actuaciones de captura y radiomarcaje de lobos mediante collares GPS, también en la provincia de Palencia. Estos trabajos deben servir para conocer la evolución de las poblaciones, estudiar sus movimientos y determinar las causas de mortalidad. Sin embargo, Ecologistas en Acción explica que los datos disponibles apuntan a una tasa “elevadísima” de mortalidad no natural entre los ejemplares seguidos, una circunstancia que, a su juicio, debería tenerse en cuenta antes de adoptar decisiones sobre la gestión de la especie.

La organización cuestiona que se pueda defender una política de control de las poblaciones y de caza del lobo sin disponer de información suficiente sobre la supervivencia de los animales y los motivos por los que desaparecen. Por eso, considera que el seguimiento científico debe ser una condición imprescindible para fundamentar cualquier decisión administrativa y evaluar el estado de conservación de la especie.

Fondos europeos para un seguimiento sin explicaciones

Ecologistas en Acción indica que la falta de transparencia puede comprometer los trabajos de radiomarcaje iniciados hace tres años. Las actuaciones han supuesto un importante esfuerzo técnico y económico, financiado principalmente con fondos europeos, por lo que la organización considera que no aclarar el destino de los animales supondría desaprovechar una herramienta concebida precisamente para obtener información sobre la población de lobos y los factores que amenazan su supervivencia.

La asociación relaciona esta situación con el debate sobre la protección legal del lobo y rechaza que se plantee una rebaja de su protección sin contar antes con datos contrastados sobre su estado de conservación. En este sentido, defiende que la información sobre mortalidad y supervivencia debe ser determinante para cualquier decisión relacionada con su posible salida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En su comunicado, la organización dirige también sus críticas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de la que dependen las competencias autonómicas sobre la especie. Acusa a sus responsables de anteponer planteamientos políticos y sectoriales a los criterios científicos y técnicos y reclama una gestión basada en datos verificables y no en intereses ajenos a la conservación.

Ecologistas en Acción apunta que Castilla y León no debería seguir el modelo de otras comunidades como Asturias y Cantabria, cuyas políticas sobre el lobo critica. Es por eso que reclama a la Junta que explique qué ha sucedido con los animales radiomarcados y que investigue cualquier indicio de mortalidad ilegal.