Condenada una empresa de Salamanca por no dejar a dos trabajadores ir a votar en las elecciones de Castilla y León

Alba Camazón

Valladolid —
18 de noviembre de 2026 06:01 h

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, ha condenado una empresa de transporte urbano de Salamanca por no dejar a dos trabajadores ir a votar en las elecciones de Castilla y León aunque estos pudieran votar fuera de su jornada laboral. Los dos trabajadores solicitaron permiso retribuido para ir a votar, algo que fue rechazado por la empresa, que les obligó a cumplir íntegramente sus jornadas laborales.

El Alto Tribunal autonómico ha estimado el recurso y ha revocado la sentencia de instancia, por lo que se declara que la empresa vulneró el derecho fundamental al voto y la participación en los asuntos públicos. También declara la nulidad de la conducta empresarial y condena a la empresa a abonar 500 euros a cada trabajador por el concepto de daños morales y como indemnización adicional a la vulneración de los derechos fundamentales.

La sentencia del TSJ analiza si los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a disfrutar, dentro de su horario laboral, del permiso retribuido de cuatro horas para ir a votar, o si este derecho está condicionado a que se acredite la imposibilidad de acudir a votar fuera de su jornada de trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que «la denegación del permiso se fundó en una interpretación restrictiva de una garantía legalmente prevista para facilitar el ejercicio del sufragio».

El Tribunal de Instancia de lo Social de Salamanca se inclinó por esta segunda interpretación y desestimó las demandas de los trabajadores. El TSJ, por el contrario, no comparte ese razonamiento y recurre a un pasaje de una sentencia del Tribunal Constitucional y en la legislación para justificar su posición: el trabajador tiene derecho a cuatro horas para votar durante el horario de trabajo «aun cuando no resulte estrictamente necesario».

Este permiso para votar en unos comicios se considera un «derecho fundamental», aunque los trabajadores pudieran votar fuera de su horario laboral, y la interpretación del Juzgado de Primera Instancia «desnaturaliza» el contenido. «Confunde la posibilidad material de acudir a votar durante el tiempo en que el trabajador no presta servicios y el derecho a disponer de tiempo libre retribuido dentro de su horario laboral para el ejercicio del sufragio», señala la sentencia.

La normativa no supedita este derecho

El TSJ interpreta que si el legislador hubiera querido condicionar el permiso a la inexistencia de tiempo suficiente para votar fuera de la jornada de trabajo, «habría podido establecerlo expresamente». «La norma no supedita el reconocimiento del permiso a la acreditación de una imposibilidad efectiva de acudir al colegio electoral fuera del horario laboral», zanja la sentencia.

Los dos trabajadores solicitaron el permiso retribuido el 5 de marzo de 2026 para las elecciones autonómicas de Castilla y León el 15 de marzo. La empresa entendió que los empleados tenían más de cuatro horas libres para ir a las urnas fuera de su jornada laboral (uno de ellos en turno de mañana y otro por la tarde). «Ambos trabajadores disponían de tiempo fuera de su jornada laboral que, en principio, les permitía acudir a votar durante el horario de apertura de las mesas electorales. Sin embargo, entendemos que tal circunstancia no resulta determinante para resolver la cuestión litigiosa. La norma no condiciona el disfrute del permiso a que el trabajador carezca de tiempo suficiente para votar fuera de su jornada», apunta la sentencia.

Para el TSJ, aceptar la interpretación de la empresa y supeditar el derecho a votar en la jornada laboral a la disponibilidad de tiempo fuera de la misma supondría que el permiso dependiera de las circunstancias particulares del horario y a «una valoración empresarial sobre la suficiencia de su tiempo libre extralaboral». «La regulación reconoce el permiso para disponer de tiempo retribuido dentro del horario laboral», insiste la sentencia.

Los trabajadores pidieron una indemnización de 7.501 euros por daños morales, algo que rechaza el Alto Tribunal autonómico, institución que reduce la sanción a 500 euros, porque tiene en cuenta que no se acredita ninguna circunstancia personal a partir de la cual pudiera haber daños morales implícitos y que tenían la opción de votar fuera de su jornada laboral.