La Junta de Castilla y León tendrá que modificar el modo en el que realiza el copago de prestaciones de atención a la dependencia para los grandes dependiente de Grado III en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Decreto autonómico que establece los precios públicos por los servicios prestados por la Comunidad de Castilla y León.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, emitida el 23 de junio de 2025, en respuesta a un recurso de casación presentado por un usuario de la dependencia en la Comunidad.
De acuerdo con el mismo, se ha declarado nulo el Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, en cuanto a las prestaciones de atención a la dependencia que perciben los grandes dependientes de Grado III.
La sentencia obligaba igualmente a la Junta a publicar el fallo, “para general conocimiento y plena eficacia”, trámite que queda cumplido con la publicación en el Bocyl este viernes, casi cinco meses después de que el Supremo emitiera su dictamen.