El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena a nueve años y un mes de inhabilitación especial para el exalcalde de Olmedo —se dio de baja como militante del PP en marzo de 2014 aunque su partido le presentó como candidato a la Alcaldíapesar de estar encausado— y expresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (SODEVA), Alfonso Centeno, por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso Meseta Ski, el frustrado intento para crear un complejo de ocio y esquí seco proyectado en Villavieja del Cerro, localidad perteneciente a Tordesillas. Asimismo, en las sentencias se ha absuelto al exvicepresidente ejecutivo de SODEVA, Pedro Pariente, al considerar prescrito el delito que le atribuía la Audiencia Provincial de Valladolid.
El TSJ ha ratificado que el exvicepresidente de la Diputación de Valladolid dictó resoluciones “arbitrarias y a sabiendas de su injusticia” al impulsar modificaciones sustanciales en un proyecto que ya había sido objeto de advertencias legales y judiciales.
En el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal ha señalado en su resolución que los responsables públicos “no pueden invocar la discrecionalidad para amparar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico” y ha subrayado que la actuación de Centeno vulneró “los principios esenciales de legalidad y buena administración”.
Centeno, condenado por prevaricación continuada
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado desestima el recurso de Centeno y mantiene su condena por un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal ha considerado probado que el exalcalde de Olmedo dictó varias resoluciones ilegales entre 2006 y 2008 para mantener el proyecto pese a las advertencias jurídicas.
La continuidad delictiva, ha explicado el fallo, extiende el plazo de prescripción a 15 años, lo que impide declarar extinguida la responsabilidad penal. El exdirigente del PP, que dimitió una semana después de conocerse la sentencia de la Audiencia de Valladolid, queda inhabilitado para empleo o cargo público durante nueve años y un mes, y deberá asumir una parte de las costas procesales.
El tribunal ha destacado que actuó “con pleno conocimiento de la injusticia de sus actos” y con “voluntad de favorecer un proyecto manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico”.
Pariente, absuelto por prescripción
Por el contrario, el TSJCyL sí que ha estimado el recurso de Pedro Pariente, que había sido condenado en primera instancia a siete años y tres meses de inhabilitación por un único delito de prevaricación. El tribunal ha considerado que su actuación, limitada a la aprobación del proyecto refundido en marzo de 2008, no forma parte del delito continuado de Centeno, sino que constituye un acto aislado, y, por tanto, prescrito.
El plazo aplicable en su caso es de 10 años, y dado que la denuncia se presentó en agosto de 2019, la Sala declara extinguida su responsabilidad penal. El fallo ha descartado el argumento de la acusación popular —ejercida por Ecologistas en Acción y la coalición Valladolid Toma la Palabra— de que existía un “plan común” entre ambos dirigentes.
Un proyecto millonario levantado sobre suelo protegido
El proyecto Meseta Ski, del que solo queda el esqueleto en Villavieja, fue promovido por SODEVA, una sociedad íntegramente pública creada por la Diputación para fomentar el desarrollo económico provincial. En 2006, bajo la presidencia de Centeno, SODEVA adjudicó a Corsán-Corviam Construcción S.A. la construcción de una pista de esquí seco y un complejo de ocio sobre terrenos de monte público en Tordesillas, por un importe inicial de 4,06 millones de euros.
Pocos meses después, el proyecto fue modificado sin justificación técnica ni económica aparente, hasta elevar el presupuesto en casi tres millones más, lo que supuso un incremento del 75%. Además, se cambiaron las dimensiones y materiales de la pista, una alteración “relevante, cuantitativa y cualitativamente”, según subraya la sentencia.
El TSJCyL ha asegurado que estas decisiones se adoptaron sin iniciar un nuevo proceso de contratación y sin comunicar el cambio a la otra empresa licitadora, vulnerando “de forma flagrante los principios de publicidad y libre concurrencia”. Varias sentencias entre 2008 y 2010 anularon las licencias urbanísticas, la autorización ambiental y la cesión de los terrenos. En 2010, la Junta trató de salvar el proyecto mediante una ley autonómica que lo declaraba de “interés regional”, pero el Tribunal Constitucional la anuló en 2014 por ser contraria a la Ley de Montes.
Más de 12 millones de euros de dinero público gastado
Tras casi veinte años de litigios, el caso Meseta Ski deja tras de sí más de 12 millones de euros de dinero público gastado, un complejo abandonado y una sola condena firme. Los otros dos acusados, el arquitecto Valentín González y el jefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, fueron absueltos ya en primera instancia.