Carlos Galdón, uno de los empresarios encausados en la trama eólica, del mayor caso de corrupción de Castilla y León, no irá finalmente al juicio oral después de que Cinco de las acusaciones particulares hayan retirado este lunes sus reclamaciones. Carlos Galdón —que era el administrador único de Avanzalia System— tendrá que declarar en el juicio, eso sí, como testigo, según ha concedido el magistrado presidente de la Sala. “Lo pidió el Ministerio Fiscal y otras partes y, como el juicio no se ha celebrado propiamente, el acusado se puede convertir en una persona citable”, ha señalado el juez que liderará el proceso, cuya duración se prevé extender hasta mediados de enero para resolver si hubo irregularidades en la autorización de parques eólicos en Castilla y León, fruto de las cuales se produjeron mordidas que sumarían hasta 75 millones de euros.
Eran los únicos abogados que mantenían a Carlos Galdón en su lista de acusados —no estaba en los escritos de Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación popular, que lleva Ecologistas en Acción—, por lo que ahora es “jurídicamente imposible que el juicio continuara contra él”, en palabras del magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid. El abogado del supuesto cabecilla de la trama, Rafael Delgado, ha pedido que Carlos Galdón no participe en el proceo como testigo después de que haya pasado tanto tiempo como acusado, algo que finalmente se ha desestimado. Las acusaciones también han pedido que se tengan en cuenta las declaraciones de aquellas personas que han fallecido a lo largo del proceso judicial, iniciado en 2017.
Las defensas han pedido al tribunal que consideren que los delitos han prescrito, puesto que la querella del Ministerio Fiscal se presentó en 2017 y algunos de los hechos que se investigan son muy anteriores, por lo que sus abogados consideran que algunos de los delitos habrían prescrito, puesto que los expedientes administrativos del caso se tramitaron entre 2004 y 2007.
También han solicitado que se anule el informe de Hacienda de 2012 que inició todo el proceso porque consideran que tiene “irregularidades” como la ausencia de una fecha de inicio y cierre del expediente, con actuaciones “impropias” de un inspector que han hecho que los derechos de los investigados no hayan sido “garantizados”, por lo que se ha invocado la doctrina del fruto del árbol envenenado. El tribunal no ha llegado a fijar su posición al respecto debido a que la sesión de hoy se tiene que alargar a esta tarde.
El abogado del principal investigado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado —al que Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso, y que en enero fue condenado a dos años y seis meses de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de corrupción Perla Negra—, ha pedido que se decrete la prescripción de varios delitos y que se considere que el informe de la Agencia Tributaria sea anulado.
También ha pedido que se tengan en cuenta las declaraciones en las comisiones de investigación de las Cortes de Castilla y León del exconsejero de Economía Tomás Villanueva —que murió súbitamente en 2017— y de la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández —condenada por un delito continuado de prevaricación administrativa en Perla Negra—, y a su vez que se anule el auto de la Audiencia que denegó algunas pruebas y testimonios como los del expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la exconsejera de Hacienda y exdelegada regional de la Agencia Tributaria, Pilar del Olmo; el exasesor de la exviceconsejera de Economía o la exjefa del Gabinete de Tomás Villanueva, entre otros. El abogado de Rafael Delgado considera que esta denegación de testificales es “arbitraria” y pide que se anule ese auto porque uno de los integrantes de la Sala en ese momento era César Gil, juez instructor de las diligencias previas en otros “hechos conexos y relacionados” como la adquisición de una vivienda de paseo Zorrilla, enmarcada en el caso Perla Negra.
Algunos abogados también han presentado nuevas pruebas periciales a última hora del domingo —algo que han reprochado varios letrados de las defensas—, sobre cuya admisión decidirá el tribunal más adelante. A pesar de que estaba previsto que la primera sesión (de cuestiones previas) se desarrollara este lunes y martes por la mañana, el juez ha decidido alargar la sesión a este lunes por la tarde por el elevado número de cuestiones previas solicitadas especialmente por las defensas de los ya 14 encausados. El juez de instrucción encausó en 2021 a 17 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. En el juicio participarán finalmente 14 de ellos después de que se hayan retirado las acusaciones contra Carlos Galdón, Marc Nadelar fuera excluido por razones de salud —fue administrador de empresas relacionadas con otros imputados— y tras la muerte del exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez. Además, dos personas más se han sumado a una de las acusaciones particulares. La sesión ha terminado a las 14.15 horas y se reanudará a las 16.30 horas.