El ERE de la CCMA rompe las relaciones entre los informadores de la casa y CiU

Pasados ​​los primeros días después de la presentación del ERE en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, organismo del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio, parece que se perfilan las dos posiciones negociadoras. Por un lado CiU ha fijado su argumentario: recortar gastos. Para conseguirlo, el recetario empleado parece calcado al que se usaba durante el primer año de gobierno de Artur Mas: adaptar los números a las exigencias del déficit. Y esto se puede hacer, según ellos, sin que la calidad se vea afectada.

Del otro lado, está la plantilla. Se trata de un colectivo con una alta vinculación sindical que ya hace mucho tiempo que teme una decisión como la adoptada desde el Gobierno catalán. Acostumbrados como están a ser objeto de transacción, han decidido que además de oponerse con las armas -pocas- que les permite la legislación laboral, lo harán desde el punto de vista político.

CiU, con su mayoría absoluta, es la única que defiende el recorte. Su socio de gobierno, ERC, no está de acuerdo; la oposición -PSC, ICV y CUP- se oponen, y el PP se mantiene ausente del debate en una clara muestra de desmarque de la iniciativa del gobierno de Mas.

Nadie como los trabajadores de los medios públicos de la Generalitat saben cómo les gusta a CiU estar siempre presentes en la radio y la televisión. Se diría que los consejeros se han paseado siempre como Pedro por su casa por los estudios de TV3 y Catalunya Ràdio.

Nadie como la gente que trabaja en San Joan d'Espí o en Barcelona sabe que los medios públicos han sido también un lugar donde resguardar con muy buenos sueldos a dirigentes políticos que pasan a segunda fila. Quizá por eso los sindicatos hace tiempo que se quejan de que los borradores del último convenio mostraban un recorte de salarios inversamente proporcional a su cuantía. Una asimetría que se mantendría ahora en la distribución de los despidos. Los trabajadores denuncian que los despidos se centran en los “operativos activos”. Dicho en otras palabras, no tocan las estructuras “indirectas”. En esto el modelo serían los entes de radio y televisión de Madrid y Valencia.

Después de los ERE estas sociedades informativas intentan basar su actividad en empresas externas de forma que el núcleo de las nuevas corporaciones se dedique a coordinar la producción subcontratada. El peaje de este abaratamiento sería la calidad.

Ante la presentación de los ERE los trabajadores de las empresas públicas de comunicación de Cataluña han reaccionado con acciones sorpresivas en cuanto a su magnitud. Movilizar en cuestión de horas a cinco autocares para manifestarse ante el Palau de la Generalitat o llevar la protesta a la sede de CiU en Barcelona se ha hecho con una celeridad digna de observación. Y antes de que se presentara el expediente ya se habían reunido 79.000 firmas en unas jornadas en defensa del modelo público de comunicación.

Pero seguramente lo que más escuece a CiU es la beligerancia a corta distancia de los trabajadores de TV3. Ver imágenes de consejeros envueltos de trabajadores con camisetas rojas -el color de la protesta en la CCMA- o siendo increpados por periodistas con los que habían compartido complicidad no debe ser plato de gusto. Y lo que pica más es que la protesta de la CCMA es una de las más documentadas audiovisualmente. Se pueden escuchar sin filtros las excusas del consejero Homs al ser interpelado por periodistas sobre promesas no cumplidas. O ver qué decía el presidente de la CCMA al ser preguntado en el Parlamento sobre el ERE no hace mucho.

Todo hace pensar, pues, que la protesta seguirá. Allí donde el gobierno de CiU quiera hacer un acto de masas, allí encontrará las camisetas rojas criticando que se acepte el recorte de esta estructura de Estado o acusándoles directamente de traidores. Y junto a los sindicatos estará la izquierda catalana parlamentaria, que podría compartir algún objetivo con CiU pero que no acepta que ello se haga a cambio de cargarse el Estado de Bienestar.

El hecho de que la dirección de la CCMA haya encargado a la consultora PricewaterhouseCoopers negociar el ERE y dibujar cómo debe ser la entidad que surja de la poda de personal tampoco ayuda a generar confianza con los trabajadores. En las filas sindicales se recuerda que el todopoderoso ministro de Economía, Luis de Guindos, había sido directivo de esta multinacional. Esta relación subterránea, muy habitual en las altas esferas madrileñas, se quisiera aprovechar desde la Plaça de Sant Jaume para favorecer el deshielo en las muy difíciles relaciones con los que tienen las llaves de la caja, en Madrid.

Porque en casi todos los actos y protestas de los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio se puede ver un sustrato, un argumento a veces soterrado, a veces explícito: que se realiza un sacrificio ritual equivalente al 10% de adelgazamiento de los medios públicos de comunicación catalanes para apaciguar la sed de sangre que muestra el gobierno del PP y que expresa, cada vez que tiene un micrófono cerca, el ministro Cristóbal Montoro.

Sea cual sea el desenlace de la actual crisis, CiU no saldrá indemne. La sensación de haber cambiado una perla de la corona autonómica por un plato de lentejas le será recordada. ¿Tendrá repercusión electoral? ¿Afectará al panorama informativo? ¿El espacio vacante de los medios públicos acabará consolidando una opción privada ya muy favorecida por el gobierno de Mas? Continuará.

Pasados ​​los primeros días después de la presentación del ERE en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, organismo del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio, parece que se perfilan las dos posiciones negociadoras. Por un lado CiU ha fijado su argumentario: recortar gastos. Para conseguirlo, el recetario empleado parece calcado al que se usaba durante el primer año de gobierno de Artur Mas: adaptar los números a las exigencias del déficit. Y esto se puede hacer, según ellos, sin que la calidad se vea afectada.

Del otro lado, está la plantilla. Se trata de un colectivo con una alta vinculación sindical que ya hace mucho tiempo que teme una decisión como la adoptada desde el Gobierno catalán. Acostumbrados como están a ser objeto de transacción, han decidido que además de oponerse con las armas -pocas- que les permite la legislación laboral, lo harán desde el punto de vista político.