La jueza envía a juicio por jurado al acusado de asesinar a Helena Jubany hace 25 años
El asesinato de Helena Jubany se juzgará. Una magistrada de Sabadell (Barcelona) ha enviado a juicio por jurado popular a S.L., el único acusado por el crimen de la joven hace 25 años.
La causa, que la familia de la joven bibliotecaria ha luchado durante décadas para que no cayera en el olvido, encara un juicio histórico después de estar al borde de la prescripción.
Tras la celebración este viernes de la vistilla preliminar, la jueza ha rechazado el último intento de S.L. para archivar el caso (ha alegado que su ADN en la ropa de la joven pudo deberse a que su anterior abogado habría tocado la prenda) y ha enviado la causa a la oficina del jurado de la Audiencia de Barcelona.
“Es un planteamiento muy creativo”, ha resumido el abogado de la familia, Benet Salellas. Joan Jubany, hermano de la víctima, ha pedido “no alargar el sufrimiento” más tiempo y celebrar con rapidez el juicio.
La Fiscalía y la familia de la joven piden 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.
El caso de Helena Jubany encara definitivamente un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.
La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN.
Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.
Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.
Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.
El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.
Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).