La Justicia anula sanciones de 50.000 euros a Cabify y otras VTC porque la Generalitat superó el plazo para resolver el expediente
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.
La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.
Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.
La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.